Una nueva disputa judicial pone bajo la lupa el uso que hace la administración de Donald Trump de las bases de datos federales para revisar los registros electorales. Una organización defensora de los derechos de los inmigrantes presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) por lo que considera un intento ilegal de identificar a supuestos no ciudadanos inscritos para votar.
El caso fue presentado en un tribunal federal de Washington, D.C., por la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y un ciudadano naturalizado de California. Los demandantes buscan impedir que el gobierno federal obligue a los estados a utilizar bases de datos migratorias para revisar sus padrones electorales.
El conflicto cobró fuerza después de que el gobierno señalara que en California podría haber hasta 190,832 personas que no son ciudadanas estadounidenses registradas para votar. Sin embargo, la demanda sostiene que el DHS no ha presentado públicamente la metodología ni las pruebas que permitan comprobar esa cifra.
California, en el centro de la disputa
La cifra forma parte de una lista mucho más amplia difundida por la administración Trump. En julio, el DHS aseguró que sus revisiones habían encontrado posibles registros de 278,000 no ciudadanos en cuatro estados: California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania. Las cifras fueron presentadas como posibles coincidencias, no como casos comprobados individualmente.
California se convirtió ahora en el principal escenario de la batalla legal. La secretaria de Estado estatal, Shirley Weber, cuestionó previamente la información proporcionada por el gobierno federal.
“Tengo serias dudas sobre la fiabilidad de sus datos y la exactitud de sus afirmaciones”, señaló Weber, según documentos citados por The Associated Press. La funcionaria también indicó que su oficina no había compartido el padrón electoral estatal con el DHS.
Los demandantes sostienen que uno de los principales riesgos está en los ciudadanos naturalizados. Una persona puede haber sido registrada como no ciudadana en una base federal años atrás y posteriormente obtener la ciudadanía, sin que necesariamente todos los sistemas gubernamentales actualicen sus datos al mismo tiempo.
Nevada alimenta las dudas sobre las cifras
La demanda llega después de que surgieran cuestionamientos similares en Nevada. El DHS había señalado inicialmente hasta 15,903 posibles no ciudadanos en el padrón electoral del estado.
Pero, de acuerdo con información obtenida por The New York Times y The Guardian, funcionarios federales reconocieron posteriormente que solo habían confirmado mediante revisión manual 185 casos. Más de 14,000 registros todavía necesitaban una revisión adicional.
Durante una reunión con funcionarios electorales de Nevada, representantes del DHS describieron los 15,903 registros como un “ceiling”, es decir, un límite máximo de posibles coincidencias, y no como una cantidad de casos confirmados.
Para los demandantes, ese antecedente demuestra el riesgo de utilizar coincidencias automatizadas como si fueran pruebas definitivas.
La demanda incluye acusaciones relacionadas con la Ley de Privacidad, la Ley de Procedimiento Administrativo, el debido proceso y las protecciones constitucionales del derecho al voto. También cuestiona que el Poder Ejecutivo pueda imponer este tipo de revisiones a los sistemas electorales estatales sin una autorización específica del Congreso.
Los demandantes piden al tribunal bloquear el proceso de cotejo de registros en California y declarar ilegales las acciones emprendidas por las autoridades federales.
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