Estados Unidos ha causado la muerte de al menos 230 personas en su campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, una ofensiva iniciada hace poco más de un año y denunciada por organizaciones de derechos humanos como una serie de ejecuciones extrajudiciales. Pese a que la organización Human Rights Watch documentó 227, el saldo aumentó después de un nuevo ataque realizado el 9 de septiembre, en el que fuerzas estadounidenses mataron a tres personas.
En su reporte, la organización acusó al gobierno del presidente Donald Trump de mantener una campaña ilegal bajo el argumento de combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
“El gobierno de Trump ha matado en condiciones de ejecución sumaria a más de 200 personas en el transcurso del último año, se ha jactado públicamente de estas muertes y no ha enfrentado ninguna rendición de cuentas”, afirmó Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de HRW. “Las víctimas y sus seres queridos merecen que se esclarezcan plenamente lo ocurrido en estas operaciones y obtener justicia por el daño grave que han sufrido”.
La cifra llegó a 230 fallecidos el 9 de septiembre, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental atacó una lancha rápida en el Caribe. El Comando Sur aseguró que la embarcación navegaba por rutas conocidas del narcotráfico y que información de inteligencia había confirmado su participación en actividades ilícitas.
“Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, señaló el SOUTHCOM, que calificó a las tres personas fallecidas como “narcoterroristas”. Sin embargo, el mando militar no identificó públicamente a las víctimas ni presentó detalles de las pruebas utilizadas para determinar su supuesta participación en actividades criminales. Reuters señaló que no pudo verificar de manera independiente la información difundida por el Comando Sur.
El nuevo ataque resulta relevante porque ocurrió apenas una semana después del aniversario de la campaña y confirmó que Washington no había suspendido el uso de fuerza letal contra las embarcaciones, pese a las crecientes críticas sobre su legalidad. USNI News también sitúa el saldo acumulado en al menos 230 muertos.
Washington sostiene que combate a “narcoterroristas”
La administración Trump defiende las operaciones como parte de su estrategia contra organizaciones del narcotráfico que Estados Unidos ha clasificado como terroristas. En septiembre de 2025, cuando comenzaron los ataques, Washington argumentó que las embarcaciones transportaban drogas hacia territorio estadounidense.
El gobierno también ha sostenido que se encuentra en un conflicto armado con determinadas organizaciones criminales latinoamericanas, argumento que permitiría recurrir a reglas propias de un escenario bélico. HRW rechaza esa interpretación y asegura que las operaciones deben someterse al derecho internacional de los derechos humanos.
Para la organización, la presunta participación de una persona en el narcotráfico no autoriza a las fuerzas estadounidenses a matarla sin intentar detenerla o demostrar que representa una amenaza inmediata para otras vidas.
“El problema de los narcóticos que ingresan a Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario”, había advertido HRW desde los primeros ataques de septiembre de 2025.
Familias llevan los ataques ante la justicia
La campaña ya enfrenta una batalla judicial en Estados Unidos. Familiares de Rishi Samaroo, de 41 años, y Chad Joseph, de 26, quienes presuntamente murieron en un ataque estadounidense en octubre de 2025, presentaron una demanda federal con apoyo de la ACLU y el Center for Constitutional Rights.
De acuerdo con la denuncia recogida por HRW, ambos habían trabajado en Venezuela y pretendían regresar a Trinidad y Tobago. Samaroo había comunicado a su familia que volvería para ayudar a cuidar a su madre enferma, mientras Joseph informó a su esposa que estaría en casa pocos días después.
“Después de eso, nunca más tuve noticias de él. Lo llamamos, pero nadie respondió”, relató la hermana de Samaroo a HRW. La familia posteriormente relacionó su desaparición con un ataque estadounidense contra una embarcación ocurrido alrededor del 14 de octubre.
El caso también cuestiona la falta de información pública sobre las identidades de las personas atacadas y las evidencias utilizadas por Washington para clasificarlas como integrantes o colaboradores de organizaciones criminales.
Bajo ese contexto, HRW pidió al gobierno estadounidense detener los ataques y garantizar investigaciones y reparaciones para las víctimas. También solicitó al Congreso considerar la creación de un comité especial que determine quién autorizó y ejecutó las operaciones, así como las bases jurídicas e información de inteligencia utilizadas para ordenar cada ataque.
La organización también reclamó al Departamento de Justicia investigar las muertes y determinar posibles responsabilidades penales. Además, pidió a los gobiernos latinoamericanos que cooperan con Washington revisar el intercambio de inteligencia cuando esa información pueda terminar utilizada para seleccionar objetivos de ataques letales.
“La administración Trump ha gozado de total impunidad durante un año por esta campaña de muertes ilícitas y ha declarado abiertamente que no tiene intención de detenerse”, afirmó Sawyer. “Otros países deberían abstenerse de cooperar en estos ataques y el Congreso debería actuar con urgencia para frenar las acciones letales de una administración empeñada en violar el derecho internacional”.
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