Expertos de derechos humanos de Naciones Unidas exigieron a Estados Unidos detener los ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, tras documentar al menos 223 personas muertas durante el último año. De acuerdo con el grupo de especialistas, desde el 2 de septiembre de 2025 las fuerzas armadas estadounidenses han atacado al menos 68 embarcaciones. En la mayoría de los casos, señalaron, las personas que se encontraban a bordo murieron, mientras que en otros incidentes se reportaron desapariciones.
Las autoridades de Washington han defendido las operaciones bajo el argumento de que las embarcaciones transportaban sustancias ilícitas y estaban vinculadas con organizaciones criminales que Estados Unidos considera “terroristas”. Sin embargo, los expertos rechazaron esa justificación y cuestionaron que se utilice la fuerza militar como respuesta al narcotráfico.
Expertos cuestionan la justificación de una “guerra”
Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales; George Katrougalos, experto independiente sobre el orden internacional, y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias denunciaron lo que calificaron como “asesinatos en el mar”. “Estas muertes sistemáticas vulneran gravemente la obligación fundamental de respetar el derecho a la vida”, afirmaron.
Los especialistas sostuvieron que el derecho internacional no permite ejecutar a presuntos delincuentes únicamente porque se encuentren a bordo de una embarcación. También rechazaron el argumento de que las operaciones puedan considerarse parte de una guerra. “Llamarlo guerra no lo convierte en una guerra”, señalaron.
Según su interpretación, los cárteles y las organizaciones criminales no están llevando a cabo ataques armados contra Estados Unidos, por lo que la lucha contra el narcotráfico corresponde a la aplicación de la ley y no a un conflicto armado.
También cuestionan el uso de la fuerza letal
Los expertos rechazaron además que Washington pueda recurrir al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo a la legítima defensa. Argumentaron que la fuerza letal solo puede emplearse cuando sea estrictamente necesaria y proporcional para proteger una vida frente a una amenaza inminente.
En este caso, señalaron que Estados Unidos no ha alegado la existencia de una amenaza de esas características. También indicaron que autoridades estadounidenses han reconocido que algunas embarcaciones pudieron ser interceptadas, pero que se optó por no hacerlo.
Los especialistas advirtieron que las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales y que algunos ataques podrían incluso ser considerados delitos contra la seguridad marítima.
ONU exige investigaciones y reparación para las familias
Ante estas denuncias, los expertos reclamaron investigaciones rápidas, independientes, imparciales y transparentes sobre las muertes y desapariciones, además de responsabilidades para los mandos militares y civiles involucrados. También pidieron que las víctimas y sus familias reciban una reparación integral, incluida compensación y garantías de no repetición.
El grupo llamó a otros países a no colaborar en posibles violaciones mediante el intercambio de inteligencia o el suministro de recursos militares. Aunque reconocieron que la violencia relacionada con el narcotráfico representa una amenaza para la seguridad, plantearon alternativas como fortalecer la cooperación policial y judicial, controlar las armas y combatir el crimen organizado y el consumo de drogas mediante políticas de salud pública, educación y desarrollo.
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