La Corte Suprema permitió este viernes que la administración de Donald Trump vuelva a utilizar, por ahora, el sistema SAVE para ayudar a verificar la ciudadanía de personas inscritas en los padrones electorales estatales.
La decisión, adoptada por 6 votos contra 3, suspende temporalmente una orden de una jueza federal de Washington, D.C., que había bloqueado la versión ampliada de la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La resolución responde a una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia (DOJ). De acuerdo con CBS News, la medida permite que estados y gobiernos locales utilicen nuevamente el sistema federal para realizar consultas sobre la ciudadanía y el estatus migratorio de votantes registrados.
El caso enfrenta al gobierno federal con organizaciones defensoras del derecho al voto, que cuestionaron la manera en que se integraron datos de distintas agencias.
La jueza de distrito Sparkle Sooknanan había concluido en junio que la administración actuó ilegalmente al ampliar SAVE. En ese fallo sostuvo que el gobierno había combinado información privada de millones de estadounidenses y utilizó datos de ciudadanía que, según su resolución, sabía que podían ser poco fiables.
Qué datos puede consultar el gobierno
El Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE, existe desde hace décadas para ayudar a verificar el estatus migratorio y la elegibilidad para determinados beneficios y licencias.
La administración Trump amplió sus capacidades para incluir registros de ciudadanos nacidos en Estados Unidos y permitir consultas vinculadas con información de la Administración del Seguro Social (SSA).
La disputa judicial surgió después de que organizaciones como la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica demandaran al DHS, la SSA y el Departamento de Justicia.
Los demandantes sostienen que la base de datos puede generar identificaciones incorrectas y que ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar problemas en sus registros electorales debido a información equivocada.
La administración, por su parte, ha defendido el sistema. El procurador general D. John Sauer calificó de “indefendible” el fallo que bloqueó SAVE y argumentó que la herramienta es necesaria para responder a solicitudes de los funcionarios electorales.
La propia Corte Suprema señaló que el gobierno federal tiene la obligación de responder a solicitudes estatales y locales relacionadas con la verificación de ciudadanía. También indicó que considera probable que el gobierno prevalezca finalmente en su argumento legal.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon. Jackson advirtió en su opinión que incluso la afectación de un número reducido de votantes legítimos puede representar un daño mayor que impedir temporalmente el uso de la herramienta.
Por ahora, la decisión es de carácter provisional. El litigio sobre la legalidad de la base de datos ampliada continúa y el fallo de fondo todavía deberá resolverse.
Sigue leyendo: