La American Society of Mexico (AmSoc), organización que representa intereses de la comunidad y empresas estadounidenses en México, rechazó la reforma constitucional aprobada este martes por el Senado que exigirá nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
El pronunciamiento se produjo después de que el pleno de la Cámara Alta avaló la modificación con 86 votos a favor y 42 en contra. La reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución fue enviada a los congresos estatales para continuar el procedimiento constitucional.
En un comunicado, AmSoc sostuvo que la medida restringe los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó que la modificación avanzara sin una consulta con las personas potencialmente afectadas ni un parlamento abierto.
“La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública”, afirmó la organización.
También consideró que “las diferencias de nacionalidad no deben convertirse en motivo para restringir derechos ni para presumir deslealtad de manera generalizada”. AmSoc cuestionó además a los 86 senadores que respaldaron el proyecto, al señalar que su decisión respondió, a juicio de la organización, a una “disciplina política malentendida”.
“Hacemos un llamado a las autoridades y a los legisladores a escuchar a las personas afectadas y a garantizar que cualquier reforma fortalezca la inclusión democrática de millones de mexicanos”, señaló.
La organización ya había expresado su oposición antes de la votación. Larry Rubin, presidente de AmSoc, calificó la propuesta como un “gravísimo error” y sostuvo que poseer más de una nacionalidad no determina la lealtad de una persona hacia México.
“Definitivamente creemos que el hecho de que un ciudadano tenga dos o más pasaportes no afecta en absoluto temas de soberanía. Al contrario, el tener otro pasaporte es un simple acto que no tiene nada que ver con lealtades”, declaró Rubin a principios de septiembre. “La lealtad se analiza y se mide de otras formas”, agregó.
Qué establece la reforma
La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica las reglas para ocupar los principales cargos ejecutivos del país. Además de ser mexicano por nacimiento, el aspirante no deberá tener ni adquirir otra nacionalidad. Si posee una segunda, deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.
El proyecto contempla además restricciones al uso de pasaportes o documentos de identidad de otro Estado, al ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y al recurso a la protección diplomática de un país extranjero.
Sheinbaum defendió la propuesta en agosto bajo el argumento de evitar posibles conflictos entre los intereses de dos países. “Un gobernador que tiene doble nacionalidad tiene dos intereses, es ciudadano de dos naciones distintas. Y al tener esta condición no está claro que el interés supremo sea el interés nacional”, sostuvo entonces la mandataria. “Frente a las injerencias que ha habido es indispensable que sean mexicanos”, añadió.
La legislación vigente ya contempla restricciones relacionadas con la doble nacionalidad para determinados cargos. El artículo 32 constitucional establece que las funciones para las cuales la Constitución exige ser mexicano por nacimiento están reservadas a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. En procesos electorales anteriores se ha utilizado el certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores para acreditar el cumplimiento de este requisito.
La reforma deberá recibir ahora el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales, al tratarse de una modificación constitucional.
Aunque México renovará 17 gubernaturas en las elecciones de 2027, el nuevo requisito no está previsto para esos comicios. El régimen transitorio establece que las disposiciones en materia electoral comenzarán a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, una vez completado el procedimiento constitucional y publicada la reforma.
La discusión ocurre además en un momento de tensión en la relación entre México y Estados Unidos por los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y las advertencias estadounidenses sobre acciones contra organizaciones criminales mexicanas. El Gobierno de Sheinbaum ha insistido en rechazar cualquier intervención extranjera en territorio mexicano.
Sigue leyendo: