Las acusaciones de una presunta violación grupal ocurrida en una fraternidad de la Universidad de Cornell han colocado nuevamente la protección de estudiantes sobrevivientes de violencia sexual en el centro del debate político en Washington, donde legisladores demócratas y republicanos buscan impulsar medidas para reforzar la respuesta de las instituciones educativas.
El caso tomó relevancia nacional después de que una exalumna, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, demandara a Cornell y a otras personas presuntamente relacionadas con el manejo del caso. La mujer sostiene que siete hombres la violaron durante varias horas en una casa de fraternidad en 2024.
Aunque la investigación continúa, las acusaciones han generado nuevas preguntas sobre el alcance de las obligaciones de las universidades, la aplicación del Título IX y la necesidad de que posibles delitos sexuales sean investigados fuera del ámbito exclusivamente disciplinario de los campus.
Legisladores piden investigaciones y mayor responsabilidad
La representante Nicole Malliotakis, republicana por Nueva York, dijo que las acusaciones son “profundamente inquietantes” y planteó que tanto el gobierno estatal como el federal pueden adoptar medidas para fortalecer la supervisión y la protección de estudiantes. Malliotakis también pidió revisar la legislación de Nueva York sobre los casos en que una víctima se encuentra voluntariamente intoxicada, al considerar que la ley debe tomar en cuenta todas las circunstancias para determinar si existió capacidad de consentimiento.
El representante Mike Lawler, también republicano por Nueva York, expresó su rechazo a que una universidad determine por sí misma si una conducta puede constituir un delito. “La agresión sexual es un delito, no un asunto disciplinario universitario”, escribió en redes sociales. Lawler pidió que las denuncias sean remitidas de inmediato a las autoridades policiales para una investigación independiente y sostuvo que, cuando sea necesario, debería intervenir un fiscal especial.
El Título IX vuelve al centro de la disputa
La controversia llega mientras la administración Trump modifica nuevamente la aplicación del Título IX. El Departamento de Educación anunció la semana pasada que revocó formalmente la interpretación adoptada durante la administración Biden que ampliaba las protecciones contra la discriminación sexual para incluir la orientación sexual y la identidad de género.
Los demócratas han cuestionado la decisión y advierten que los cambios podrían dificultar que estudiantes víctimas de agresión sexual obtengan justicia.
La representante Deborah Ross, demócrata por Carolina del Norte, afirmó que la administración Trump “ha dificultado que las víctimas de agresión sexual en los campus universitarios obtengan justicia”. Ross señaló además que los recortes presupuestarios en programas relacionados con educación, agresión sexual y violencia doméstica pueden afectar a quienes buscan apoyo después de sufrir violencia.
Demócratas buscan avanzar con nuevas protecciones
En enero, el Caucus de Mujeres Demócratas presentó su primer “Paquete Legislativo para la Seguridad de las Mujeres”, con propuestas para ampliar programas de apoyo a sobrevivientes y prevenir la violencia de género. Ross también impulsa, junto con Ayanna Pressley y Teresa Leger Fernández, la Ley de Restitución de los Derechos de las Sobrevivientes, que establecería un fondo para víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados por el gobierno federal.
Leger Fernández sostuvo que su grupo lleva años alertando sobre la violencia sexual y pidió que el caso Cornell sea un punto de inflexión para lograr acuerdos bipartidistas. “Apoyamos a Jane Doe y esperamos que su caso marque un punto de inflexión para los republicanos en el Congreso”, afirmó.
La representante Kat Cammack, republicana por Florida y copresidenta del Caucus de Mujeres Republicanas, declinó comentar. La representante Julie Fedorchak también evitó pronunciarse mientras continúa la investigación.
El presidente Donald Trump dijo a NBC que no conocía los detalles del caso, pero expresó confianza en que Cornell “hará lo correcto”. Al mismo tiempo, cuestionó el nombramiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial para investigar el caso. Para Ross, el periodo previo a las próximas elecciones podría definir cuáles de las propuestas sobre violencia sexual tienen posibilidades de avanzar en el Congreso.
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