Una jueza ecuatoriana declaró inocentes a 32 pescadores procesados por el presunto delito de asociación ilícita, luego de determinar que la Fiscalía no logró demostrar que las tripulaciones de dos embarcaciones pesqueras hubieran cometido algún acto ilícito.
La resolución, emitida el miércoles en la ciudad de Manta, benefició a ocho tripulantes del Conquista 2 y a 24 del María Candelaria, embarcaciones que fueron interceptadas y destruidas por fuerzas estadounidenses en el océano Pacífico entre finales de agosto y septiembre.
El abogado de los pescadores, Juan Alvia, señaló que la jueza revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía y concluyó que no se pudo acreditar la comisión de un delito.
La defensa sostuvo además que durante el proceso no fueron presentados documentos oficiales ni informes de inteligencia del gobierno estadounidense que vincularan directamente a los tripulantes con investigaciones por narcotráfico o contrabando de combustible.
Señalamientos de Estados Unidos
Los dos barcos formaban parte de un grupo de embarcaciones pesqueras destruidas durante operaciones realizadas por fuerzas militares de Estados Unidos en coordinación con el gobierno de Ecuador.
De acuerdo con la versión difundida por el Comando Sur estadounidense, las embarcaciones presuntamente funcionaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a lanchas utilizadas para transportar drogas.
Los tripulantes también fueron vinculados preliminarmente con Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana que Washington relaciona con el narcotráfico.
Sin embargo, según la defensa, esas acusaciones no fueron respaldadas con evidencia suficiente durante el proceso judicial. La resolución de la jueza constituye, por ahora, el primer fallo dentro de una serie de procesos relacionados con pescadores detenidos después de la destrucción de sus embarcaciones.
El caso de los 32 pescadores forma parte de tres procesos judiciales que involucran a 88 tripulantes de cinco embarcaciones. Un segundo juicio, correspondiente a 46 personas, estaba previsto para comenzar este jueves, mientras que un tercer proceso, que involucra a otros 10 acusados, fue aplazado para el 20 de octubre.
Reclamos por bombardeos
Tras la resolución, los pescadores y sus abogados analizan posibles acciones para exigir que se investigue la destrucción de sus embarcaciones y las circunstancias de las interceptaciones en alta mar.
La defensa también ha denunciado que algunos de los tripulantes fueron privados de su libertad antes de ser entregados a las autoridades ecuatorianas.
El caso ha generado además llamados internacionales para esclarecer la base jurídica de las operaciones. Human Rights Watch pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador transparentar el fundamento legal de los ataques y presentar las pruebas que vinculen individualmente a los pescadores con los delitos que se les atribuyeron.
La decisión judicial abre así una nueva etapa en la controversia sobre las operaciones estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas en aguas del Pacífico, mientras continúan los procesos contra otros pescadores y las denuncias sobre la legalidad de los operativos.
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