El derecho al voto vuelve a convertirse en un campo de batalla en Estados Unidos. El Departamento de Justicia exigió a las autoridades electorales de California revisar en un plazo de 48 horas la ciudadanía de personas señaladas por el Gobierno federal como posibles no ciudadanas y pidió que sus papeletas electorales no sean contabilizadas mientras se verifica su situación. La advertencia incluye la posibilidad de acudir a los tribunales si el estado no cumple.
La exigencia, dirigida a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al responsable electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, ocurre a pocas semanas de las elecciones intermedias. De acuerdo con información publicada por AP, el 14 de octubre de 2026, el Gobierno federal entregó a las autoridades locales una memoria USB protegida con contraseña que contiene los nombres de personas a las que considera posibles no ciudadanas y que habrían recibido boletas para votar por correo.
En las cartas, el fiscal general adjunto interino R. Trent McCotter solicitó separar las papeletas de quienes no puedan acreditar su ciudadanía, sin cancelarlas de inmediato, hasta esclarecer su situación. También pidió que las boletas ya devueltas no sean contabilizadas mientras continúa la revisión.
El riesgo de dejar fuera a votantes elegibles
La controversia no se limita a la investigación de posibles irregularidades electorales. Expertos en derecho electoral advierten que las listas federales pueden contener errores y que una revisión apresurada podría afectar a ciudadanos estadounidenses con derecho a votar.
David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, cuestionó la oportunidad de la medida en declaraciones de Los Angeles Times. El especialista señaló que resulta preocupante exigir verificaciones cuando las papeletas ya fueron enviadas por correo y existen antecedentes de errores en registros similares.
Uno de los ejemplos citados por los expertos es Nevada. Según Becker, el Gobierno federal identificó inicialmente a casi 16,000 personas como posibles no ciudadanas registradas para votar. Después de una revisión más detallada, la cifra se redujo a 185 y, finalmente, se determinó que todas eran ciudadanas estadounidenses.
El episodio refuerza las dudas sobre la precisión de las bases de datos utilizadas para identificar a posibles votantes no elegibles.
La amenaza de una batalla judicial
McCotter advirtió que, si California no aplica las medidas solicitadas, el Departamento de Justicia podría buscar medidas cautelares de emergencia ante un tribunal. La oficina federal sostiene que verificar la ciudadanía es necesario para proteger la integridad de las elecciones.
Sin embargo, el profesor de derecho Rick Hasen, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), calificó la iniciativa como legalmente cuestionable, según el reporte del diario. El experto recordó que la legislación federal restringe las purgas sistemáticas de los registros electorales durante los 90 días previos a una elección, aunque la aplicación de esa prohibición a casos de presunta falta de ciudadanía está sujeta a controversias jurídicas.
El conflicto también se enmarca en una disputa más amplia entre el Gobierno de Donald Trump y varios estados por el acceso federal a los registros electorales. En enero de 2026, un juez federal desestimó una demanda del Departamento de Justicia para obtener información electoral de California, al cuestionar el alcance de la solicitud.
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