Nueve exempleados del FBI demandaron a la administración de Donald Trump y acusaron al director de la agencia, Kash Patel, de despedirlos por su participación en la investigación sobre los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago, la residencia del presidente en Florida.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Washington, sostiene que los despidos ocurridos en febrero fueron represalias políticas y que no estuvieron precedidos por investigaciones internas ni procedimientos disciplinarios, según AP.
Los demandantes, entre ellos agentes, analistas de inteligencia y personal operativo, buscan recuperar sus puestos, recibir los salarios que dejaron de percibir y obtener una declaración judicial de que sus despidos fueron ilegales. La denuncia también señala al fiscal general Todd Blanche, al FBI y al Departamento de Justicia.
Las acusaciones todavía deben ser examinadas por el tribunal y no constituyen una resolución judicial sobre la legalidad de los despidos.
Los despidos y la investigación de Mar-a-Lago
Varios de los exempleados participaron en la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump después de abandonar la Casa Blanca en enero de 2021. El FBI registró Mar-a-Lago en agosto de 2022 y recuperó documentos gubernamentales confidenciales.
Algunos de los demandantes tuvieron funciones relevantes en ese caso. Uno firmó la declaración jurada utilizada para solicitar autorización judicial para registrar la propiedad, mientras que otro entrevistó a testigos, de acuerdo con la información de la demanda.
Los exempleados niegan haber actuado por motivos políticos y sostienen que cumplieron con sus responsabilidades profesionales. También argumentan que los despidos forman parte de una estrategia más amplia para apartar a funcionarios relacionados con investigaciones que afectaron al presidente.
Patel defendió los despidos ante el Congreso
Uno de los puntos centrales de la demanda son las declaraciones que Patel realizó en marzo ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
“Cuando se producen estos despidos, los responsables de carrera del FBI llevan a cabo investigaciones internas que ponen de manifiesto conductas poco éticas o inapropiadas, y me corresponde a mí tomar la decisión”, afirmó entonces el director, según la transcripción citada en la denuncia.
Los demandantes sostienen que esa explicación es falsa porque, según su versión, no hubo investigaciones internas ni procesos disciplinarios antes de que perdieran sus empleos. También rechazan que existieran motivos legítimos para separarlos de sus cargos.
La administración Trump ha defendido la autoridad presidencial para despedir a empleados del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la demanda cuestiona que esa facultad permita ignorar las protecciones legales de los trabajadores federales.
Los abogados de los nueve exempleados aseguran que sus clientes acumularon décadas de experiencia en investigaciones de seguridad nacional, terrorismo y contrainteligencia. Ahora piden que un juez determine si sus despidos fueron legales y si deben ser reinstalados.
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