Casi 10 millones de estadounidenses que dejaron de pagar sus préstamos estudiantiles federales podrían enfrentar nuevas medidas de cobro impulsadas por la administración de Donald Trump. El gobierno prepara un plan que contempla contratar agencias privadas de cobranza y recuperar el dinero mediante retenciones de salarios y determinados beneficios federales, informó The Washington Sun.
El reporte señala que funcionarios federales trabajan para reactivar medidas que habían quedado en pausa debido a las preocupaciones sobre su impacto en las personas con dificultades económicas. La previsión es ponerlas en marcha en 2027, después de las elecciones de medio mandato.
Según cinco fuentes familiarizadas con las discusiones citadas por el medio, el Departamento del Tesoro avanza en los planes para contratar empresas privadas de cobro, con la posibilidad de iniciar ese proceso desde noviembre.
La propuesta podría agravar la presión financiera sobre personas que ya enfrentan dificultades para cubrir sus gastos cotidianos. Los atrasos en los préstamos estudiantiles han aumentado en un contexto de inflación persistente, salarios que no avanzan al mismo ritmo que los gastos y mayores dificultades para afrontar el costo de vida.
Embargos de salarios y beneficios para recuperar las deudas
El plan contempla dos mecanismos principales para recuperar el dinero de los préstamos estudiantiles en incumplimiento. Uno consiste en retener determinados pagos federales, como reembolsos de impuestos y algunos beneficios; el otro permitiría embargar una parte del salario del deudor.
Estas herramientas no son completamente nuevas. La agencia federal de Ayuda Estudiantil explica que, cuando un préstamo federal entra en incumplimiento, el gobierno puede iniciar procedimientos de cobro administrativo, incluida la retención de hasta 15% del salario disponible, además de compensar ciertas devoluciones fiscales y beneficios federales, siempre bajo las reglas aplicables.
La novedad señalada por The Washington Sun es que la administración se prepara para reforzar estos esfuerzos mediante la contratación de cobradores privados y reactivar una estrategia que había sido aplazada.
Fuentes citadas por el periódico indicaron que las autoridades también quieren garantizar que exista infraestructura para atender a los prestatarios que busquen regularizar sus cuentas y evitar las sanciones.
El medio indicó que el Departamento del Tesoro y la Oficina de Administración y Presupuesto no hicieron comentarios sobre los planes. Por su parte, el Departamento de Educación respondió que no contestaba a lo que calificó como investigaciones especulativas.
Menos opciones para estudiantes y prestatarios con dificultades
Especialistas advierten que las restricciones podrían afectar especialmente a quienes tienen ingresos bajos o estudiaron carreras cuyos salarios iniciales son modestos. Entre las áreas potencialmente expuestas están los servicios sociales, el sector público y las artes.
Un exjuez de bancarrotas del Distrito de Arizona advirtió en una entrevista con CNBC que los cambios en el sistema de préstamos podrían incrementar las solicitudes de quiebra. También señaló que la reducción de personal en el Departamento de Educación ha dificultado que algunos prestatarios negocien modificaciones de sus deudas.
La administración Trump sostiene que sus cambios buscan reorganizar el sistema y mejorar la recuperación de los fondos públicos. Sin embargo, para los millones de estadounidenses que ya están en incumplimiento, la posibilidad de enfrentar cobros más agresivos añade incertidumbre a sus finanzas.
Por ahora, el calendario publicado por el diario apunta a 2027. El alcance definitivo de las medidas dependerá de cómo se implementen los contratos de cobranza.
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