A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, la congresista demócrata Ilhan Omar acusó al gobierno de Donald Trump de utilizar una investigación penal para intimidarla y silenciar sus críticas. La legisladora de origen somalí enfrentó una pesquisa sobre presuntas irregularidades en sus documentos migratorios que podría derivar en la pérdida de su ciudadanía estadounidense e incluso en su deportación.
“No nos dejaremos intimidar, no nos silenciarán y no nos dejaremos amedrentar”, declaró este miércoles 21 de octubre la representante por Minnesota en un video difundido por medios estadounidenses, después de que agentes federales registraron su vivienda en Washington y confiscaron pertenencias personales, entre ellas su teléfono móvil y pasaporte.
La operación ocurrió el 12 de octubre, apenas tres semanas antes de los comicios del 3 de noviembre, cuando Omar buscaba renovar su escaño en la Cámara de Representantes. El Departamento de Justicia confirmó que el registro se realizó mediante una orden judicial, aunque no reveló públicamente los detalles de la investigación.
De acuerdo con la agencia Reuters, las autoridades investigaron posibles declaraciones falsas en documentos migratorios presentados hace décadas, cuando Omar y su familia llegaron a Estados Unidos como refugiados procedentes de Somalia en 1995.
La congresista obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000 y negó haber cometido alguna irregularidad. La investigación también incluyó citaciones judiciales dirigidas a integrantes de su familia y, según Fox News, un interrogatorio a su hermana mayor.
El caso adquirió mayor gravedad después de que trascendió que los investigadores buscaban reunir pruebas para iniciar un procedimiento que permitiera retirarle la ciudadanía y posteriormente deportarla. Sin embargo, hasta ahora no se había anunciado una acusación formal contra la legisladora.
Los abogados de Omar cuestionaron la legalidad del operativo y solicitaron la devolución inmediata de los objetos incautados. En una carta enviada al Departamento de Justicia, denunciaron que los agentes incumplieron restricciones establecidas por un juez para proteger documentos vinculados con su actividad legislativa.
Los representantes legales también sostuvieron que la investigación tenía una motivación política y vulneraba derechos constitucionales. El Departamento de Justicia, por su parte, defendió la legalidad del registro.
Obama cuestionó la investigación contra Omar
El expresidente Barack Obama también criticó la actuación del gobierno federal y acusó a Trump de utilizar las instituciones para perseguir a una adversaria política.
“Todo el peso del Gobierno federal está cayendo sobre una funcionaria electa que cumple la ley porque se ha atrevido a criticar al presidente”, expresó Obama el domingo 18 de octubre en su cuenta de X, según The Washington Post.
El exmandatario agregó que esas acciones deberían indignar a todos los estadounidenses, independientemente de sus opiniones sobre la congresista.
La investigación también despertó cuestionamientos por su cercanía con las elecciones. Históricamente, el Departamento de Justicia evitó realizar acciones públicas contra candidatos durante los 60 días previos a una votación, una práctica destinada a impedir posibles interferencias electorales.
Un antecedente revelado por The Washington Post añadió nuevas dudas sobre el caso: durante el primer mandato de Trump, en 2019, funcionarios migratorios revisaron los antecedentes de Omar por acusaciones similares, pero no encontraron pruebas suficientes de irregularidades para continuar la investigación.
Aquella revisión incluyó documentos sobre su llegada como refugiada, su fecha de nacimiento y los antecedentes migratorios de su padre, aspectos que volvieron a ser examinados por las autoridades federales.
La controversia también ocurrió después de que la administración Trump intensificó sus operaciones migratorias en Minnesota, estado donde reside la mayor comunidad somalí de Estados Unidos, tras denunciar presuntos fraudes en programas de asistencia social.
Omar, una de las principales voces progresistas del Congreso y crítica de las políticas migratorias del presidente, sostuvo que las acusaciones formaban parte de una campaña para desacreditarla.
Mientras continuó la investigación federal, la legisladora mantuvo su candidatura a la reelección del 3 de noviembre. El caso abrió un nuevo enfrentamiento entre el gobierno republicano y la oposición demócrata sobre los límites del poder federal frente a sus adversarios políticos.
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