El Gobierno de Donald Trump intensificó su enfrentamiento con California al pedir que se detenga el recuento de más de 20,000 papeletas electorales vinculadas a personas que las autoridades federales consideran posibles votantes no ciudadanos. La solicitud llegó después de que un juez federal no emitiera de inmediato la resolución que esperaba el Departamento de Justicia (DOJ).
De acuerdo con Democracy Docket, la dependencia acudió al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito para solicitar a un juez federal una intervención de emergencia en el litigio contra el estado, en vísperas de las elecciones de medio mandato. El recurso busca impedir que se contabilicen los votos cuestionados mientras se determina la ciudadanía de las personas señaladas.
El DOJ presiona para frenar los votos
En su presentación judicial, el Departamento de Justicia argumentó que permitir el recuento sin separar las papeletas señaladas podría ocasionar un daño irreversible al derecho al voto de los ciudadanos estadounidenses.
La dependencia sostuvo que, una vez mezcladas las papeletas cuestionadas con los votos considerados válidos, sería imposible revertir el resultado de ese recuento. Por ello, pidió una orden judicial que mantenga esos votos separados mientras el tribunal de apelaciones revisa el caso.
“Una vez que las papeletas emitidas ilegalmente se cuentan y se mezclan con los votos legales, el daño resultante es imposible de remediar. La urgencia se agrava debido al derecho fundamental al voto y a que el voto legal de cada persona se cuente sin dilución”, se puede leer en la orden.
La ofensiva inició a mediados de este mes, cuando el Departamento de Justicia anunció una demanda contra California. Según la versión oficial, el Gobierno federal identificó a más de 20,000 personas que presuntamente no son ciudadanas estadounidenses y que figuran en el registro electoral estatal.
El fiscal general, Todd Blanche, defendió la actuación federal al afirmar: “El fraude electoral facilitado por el estado es inaceptable en los Estados Unidos de América”, según el comunicado publicado por el propio Departamento de Justicia.
Sin embargo, la identificación de esas personas no equivale, por sí sola, a una comprobación judicial de que todas hayan cometido alguna irregularidad electoral.
California cuestiona la lista de votantes señalados
Las autoridades californianas han expresado dudas sobre la fiabilidad de los datos entregados por el Gobierno federal y sostienen que necesitan verificar la ciudadanía antes de tomar medidas que puedan afectar a votantes elegibles.
El diario Los Angeles Times informó que una revisión de una muestra de los registros cuestionados por parte de la oficina electoral del condado de Los Ángeles encontró indicios de que casi el 40% de las personas examinadas había nacido en Estados Unidos. El hallazgo puso en tela de juicio la precisión de la lista federal.
El caso ocurre en medio de los esfuerzos de la Administración Trump por reforzar los controles sobre los registros electorales. El Departamento de Justicia sostiene que busca proteger la integridad de las elecciones, mientras que sus críticos advierten sobre el riesgo de afectar a ciudadanos con derecho a votar.
La disputa podría extenderse más allá de California después de que Blanche advirtiera el jueves que el Gobierno federal analiza emprender acciones judiciales similares en otros estados. “Hay varios estados que estamos examinando”, declaró el fiscal general.
La resolución judicial será clave para determinar si California debe separar las papeletas cuestionadas antes de contabilizarlas.
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