El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra 24 personas señaladas de participar en una presunta organización de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, que habría distribuido drogas en el centro de Tennessee y coordinado parte de sus operaciones desde prisiones estatales.
De acuerdo con la acusación, la estructura criminal operaba bajo las instrucciones de un grupo conocido como “La Oficina”, cuyos integrantes, ubicados en México y otros lugares, presuntamente coordinaban el suministro de estupefacientes hacia distintos puntos de Estados Unidos.
La investigación señala que la organización distribuía metanfetamina, fentanilo, cocaína y otras sustancias, además de utilizar operaciones financieras y traslados clandestinos de efectivo para enviar millones de dólares a personas en México presuntamente relacionadas con el suministro de drogas.
Coordinaban actividades desde prisión
Entre los señalados por la Fiscalía estadounidense se encuentran Humberto Morales, de 34 años, y José Martín Pérez, de 30, identificados como integrantes de alto rango de la organización.
Ambos se encontraban recluidos en centros penitenciarios estatales de Tennessee por condenas correspondientes a otros delitos. Según los documentos judiciales, pese a estar en prisión, habrían participado en la coordinación y el control de las actividades de la red.
Las autoridades sostienen que los presuntos operadores intervenían en la recepción de pedidos, la negociación de precios y la organización de entregas. La estructura también contaba con personas encargadas de transportar los narcóticos, resguardarlos en inmuebles y recolectar el dinero de las ventas.
Para mantener la comunicación y coordinar las transacciones, los integrantes utilizaban principalmente Signal, una aplicación de mensajería cifrada.
Incautan más de 500 kilos de metanfetamina
Como resultado de la investigación, las autoridades estadounidenses reportaron el decomiso de aproximadamente 500 kilogramos de metanfetamina, 20 kilogramos de fentanilo y 60 kilogramos de cocaína.
También decomisaron más de $375,000 dólares en efectivo, diversas armas de fuego y cinco vehículos.
Según la acusación, los integrantes de la organización presuntamente recurrían a distintas medidas para dificultar la detección de sus actividades, entre ellas la rotación de vehículos y transportistas, el uso de automóviles registrados a nombre de terceros y el cambio de placas de circulación.
Los documentos judiciales también describen movimientos de drogas, armas y dinero entre distintos escondites cuando alguno de los presuntos participantes era detenido o enfrentaba la intervención de las autoridades.
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