Elizabeth Warren, legisladora por Massachusetts, solicitó al Departamento de Justicia (DOJ) iniciar una investigación penal del Bank of America porque ha incurrido en varias violaciones a las leyes en contra del lavado de dinero.
A través de una carta dirigida a Todd Blanche, fiscal general, la demócrata originaria de Oklahoma expuso que los $1,210 millones de dólares fijados por el Departamento del Tesoro como multa para sancionar a la institución bancaria fundada en 1989 y con sede central en Charlotte, Carolina del Norte, se quedó corta, esto pese a ser considerada la tercera sanción más alta en la historia del Tesoro estadounidense.
La miembro de mayor rango del Comité Bancario del Senado exigió de manera tajante procesar a los ejecutivos de la institución bancaria descubiertos siendo participes en las violaciones a la legislación contra el blanqueo de capitales.
“Solicito al Departamento de Justicia que lleve a cabo una investigación penal exhaustiva y, si los hechos lo justifican, que procese al banco y a sus ejecutivos por su incumplimiento de la ley”, expuso.
A principios de este mes, bajo el argumento de no “mitigar e informar sobre los riesgos prioritarios para la seguridad nacional”, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro sancionó a la segunda institución bancaria más grande a nivel nacional.
De hecho, el mayor monto de la multa correspondía a una sanción determinada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la cual al considerar que el programa de cumplimiento contra el lavado de activos del Bank of America resultaba “ineficaz”, consideraba adecuado que pagara $750 millones de dólares a manera de compensación por su indebido esquema detección o por haberlo emitido según se determine en su debido momento.
El meollo del problema es que al interior del Departamento del Tesoro están convencidos que el Bank of America “no informó a tiempo” sobre más de $5 mil millones de dólares detectados como transacciones sospechosas.
De esa descomunal suma de dinero, al menos la quinta parte estaría vinculada a redes chinas de blanqueo de capitales y a cárteles operando en países latinos.
“El tipo de sanciones impuestas por FinCEN y la OCC no constituyen un elemento disuasorio adecuado ni eliminan los incentivos económicos para que las grandes instituciones financieras infrinjan repetidamente la ley” subrayó en su carta la senadora Warren quien le fijó como plazo hasta el 12 de noviembre al fiscal Blanche para aclarar si el DOJ lleva a cabo una investigación penal, pues de lo contrario ella misma encontrará la manera de ponerla en marcha.
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