Ante la posición asumida por el Departamento de Justicia (DOJ) de enviarles cartas a funcionarios y empleados estatales y locales advirtiendo sobre posibles sanciones penales relacionadas con el incumplimiento de la normativa sobre la conservación de registros, Trina Thompson, jueza del distrito norte de California, emitió una orden de emergencia de gran alcance que impide a la administración de Trump amenazar o intimidar al personal señalado.
En el documento de ocho páginas de extensión prohíbe cualquier acción que pueda “amenazar, intimidar o coaccionar a los funcionarios o trabajadores electorales estatales o locales para que exijan que detengan el procesamiento de las papeletas de cualquier votante registrado únicamente sobre la base de que la papeleta pertenece a una persona que, según [la administración], no es elegible para votar”.
El fallo surge en respuesta una demanda presentada en el Distrito Norte de California por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, entre ellos la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), donde solicitaron una orden de restricción temporal para frenar las amenazas del gobierno federal de encarcelar a los funcionarios electorales que cuenten las papeletas de voto por correo de cerca de 20,000 personas consideradas por el DOJ como no ciudadanos estadounidenses.
“Si bien los acusados afirman que sus acciones están diseñadas para detener el voto ilegal de los no ciudadanos, es probable que sus acciones tengan el efecto de interferir con la administración electoral y privar del derecho al voto a los electores legales”, subrayó la jueza Thompson haciendo hincapié en que su orden se extiende hasta el 16 de noviembre.
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