El intento del gobierno de Donald Trump de intervenir en la elección al Senado por Alaska sufrió un revés judicial, luego de que la jueza federal Sharon L. Gleason desestimara la demanda del Departamento de Justicia que buscaba separar determinadas boletas y retrasar la certificación de los resultados.
La resolución representa un obstáculo para la estrategia de la administración republicana de cuestionar una posible victoria de la demócrata Mary Peltola, en una contienda que podría tener consecuencias para el control del Senado federal.
El Departamento de Justicia argumentó que la presencia de dos candidatos con nombres prácticamente idénticos en la boleta electoral pudo confundir a los votantes y provocar que algunos sufragios fueran destinados a un aspirante distinto del que realmente pretendían apoyar.
Los candidatos involucrados son el senador republicano Dan S. Sullivan, quien busca la reelección, y Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado que aparece como candidato independiente. La dependencia federal pretendía impedir que las autoridades de Alaska certificaran una eventual victoria de Peltola hasta que se investigara si los electores habían sido inducidos a equivocarse.
Además, solicitó que se identificaran y separaran las boletas que contenían votos para el segundo Sullivan, una medida que las autoridades estatales consideraron inviable.
Alaska defiende la privacidad de los votantes
En sus argumentos ante el tribunal, la fiscalía general de Alaska, encabezada por autoridades republicanas, pidió rechazar la intervención federal y sostuvo que no existía fundamento para mantener abierta una demanda que calificó de carente de mérito. Los funcionarios estatales advirtieron que separar las papeletas sería “a la vez inquietante e imposible”, debido a que los votos anticipados ya fueron mezclados y no existe un procedimiento que permita identificar las preferencias individuales sin comprometer el secreto electoral.
La jueza Gleason también cuestionó que el Departamento de Justicia no presentara un mecanismo viable para realizar esa separación y posteriormente investigar la intención de los electores sin vulnerar su privacidad. El conflicto se intensificó después de que The New York Times publicara información sobre mensajes de texto y comunicaciones internas que aparentemente muestran que personas vinculadas con la campaña de Peltola participaron en el reclutamiento del segundo Sullivan.
Trump exigió que la candidata demócrata fuera procesada por su presunta participación, pero Peltola negó haber intervenido en la incorporación de ese aspirante a la contienda.
El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, también cuestionó la presencia del segundo Sullivan en la boleta y anunció una investigación estatal. Sin embargo, la Corte Suprema de Alaska había determinado previamente que el candidato independiente cumplía los requisitos legales para participar.
La administración Trump defendió su intervención con el argumento de que el gobierno federal tiene responsabilidades para garantizar la integridad de las elecciones federales, aunque organizaciones defensoras del derecho al voto cuestionaron esa interpretación.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que permitir al Ejecutivo federal modificar las reglas electorales estatales mediante una interpretación amplia de la legislación abriría la puerta a interferencias políticas en los comicios.
El caso representa otro enfrentamiento entre la administración republicana y las autoridades electorales estatales, en vísperas de unas elecciones intermedias en las que el control del Senado constituye uno de los principales objetivos de ambos partidos.
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