En una acción legal sin precedente, ante un tribunal de Brooklyn se presentó una demanda formal en contra del expresidente Nicolás Maduro a quien se le atribuye ordenar la tortura y muerte de varias personas durante su gestión como expresidente de Venezuela.
Fiscales federales del distrito este de Nueva York estructuraron un expediente detallado donde se expone el sufrimiento al que fueron sometidos al menos cinco jóvenes durante operativos de seguridad implementados en Venezuela, entre 2017 y 2020, por órdenes del entonces jefe de la nación.
La querella fue presentada en nombre de tres madres, un padre y una mujer quien afirma haber perdido a dos hermanos durante operativos policiales ejecutados en la República Bolivariana.
Este procedimiento se sustenta en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura, norma estadounidense mediante la cual se permite presentar demandas civiles en contra de funcionarios extranjeros acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales cometidas en ejercicio de funciones oficiales.
De acuerdo con la demanda, existen pruebas contundentes que conectan a la cúpula de maduro con la ejecución de asesinatos selectivos de opositores.
Cabe señalar que antes de formalizar el proceso, personal de agencias de inteligencia se dio a la tarea de recopilar testimonios de desertores del gobierno venezolano, así como comunicaciones encriptadas donde se confirma el abuso de poder encabezado por el exmandatario Maduro.
De manera solidaria, algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su apoyo para que se finquen sanciones a los responsables de la tortura y muerte de las víctimas cuyos familiares claman justicia.
Sin embargo, los todavía simpatizantes de Nicolás Maduro que existen en Venezuela rechazan las acusaciones emitidas desde Estados Unidos y exigen la liberación del exmandatario y su esposa, pues argumentan que todo se trata de una estrategia orientada a ejercer pleno control de las reservas petroleras de la República Bolivariana.
Un punto a destacar es que, si el proceso judicial avanza, sentará una jurisprudencia determinante para futuros casos presentados en contra otros líderes de gobierno.
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