El exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para exigir que el Departamento de Justicia preserve todos los registros relacionados con las investigaciones que actualmente se desarrollan en su contra, al sostener que podrían ser fundamentales para demostrar un supuesto caso de persecución política si llega a enfrentar cargos penales.
La acción judicial, presentada ante un tribunal federal en Washington, representa la primera ofensiva legal de Brennan desde que comenzó a ser investigado en Florida como parte de las pesquisas sobre el manejo de la investigación de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y otros asuntos vinculados con Trump.
En la demanda, el exfuncionario afirma que existe un patrón de represalias impulsado desde la Casa Blanca y sostiene que las investigaciones responden a motivaciones políticas más que a fundamentos jurídicos. Sus abogados argumentan que Brennan anticipa impugnar cualquier acusación futura por considerar que sería resultado de un procesamiento “selectivo, vengativo e inconstitucional”.
Brennan busca preservar pruebas para una eventual defensa
El principal objetivo de la demanda es obtener una orden judicial que obligue al gobierno federal a conservar correos electrónicos, mensajes, anotaciones, calendarios y cualquier otra comunicación relacionada con las investigaciones abiertas, incluidas aquellas en las que hayan participado Trump, funcionarios de la Casa Blanca y altos mandos del Departamento de Justicia. La defensa sostiene que esos documentos podrían demostrar si existieron presiones políticas para impulsar una investigación contra Brennan.
También expresa preocupación por la posibilidad de que los registros sean eliminados antes de que un tribunal tenga oportunidad de revisarlos.
Según el documento judicial, Trump ha criticado públicamente a Brennan en más de un centenar de ocasiones desde 2017 y ha pedido reiteradamente que sea procesado. Los abogados del exdirector de la CIA aseguran que diversos funcionarios del gobierno lo calificaron de delincuente incluso antes de que concluyeran las investigaciones o existiera una acusación formal.
La demanda también señala que el Departamento de Justicia ha incurrido en actuaciones procesales irregulares con el propósito de construir un caso que responda a las expectativas del presidente.
Las investigaciones se centran en el caso Rusia de 2016
Las pesquisas abiertas en Florida analizan si Brennan realizó declaraciones falsas ante el Congreso durante comparecencias relacionadas con la evaluación de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, en las que Trump derrotó a Hillary Clinton.
Otra línea de investigación busca determinar si exfuncionarios de inteligencia y de las fuerzas del orden participaron en una supuesta conspiración para perjudicar políticamente a Trump durante la última década. Brennan ha rechazado cualquier acusación de irregularidad y sostiene que las investigaciones forman parte de un esfuerzo para castigar tanto su desempeño como director de la CIA como sus críticas públicas al presidente, protegidas por la Primera Enmienda.
El caso ocurre después de que la entonces directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, acusara a Brennan y a otros exfuncionarios de la administración Obama de participar en una supuesta “conspiración traidora” relacionada con la evaluación de la interferencia rusa. Sin embargo, documentos desclasificados posteriormente no contradijeron las conclusiones de diversas investigaciones que determinaron que Rusia emprendió una amplia campaña para influir en el proceso electoral de 2016, aunque no alteró directamente los resultados de la votación.
La demanda identifica como demandados a Trump y a varios altos funcionarios de su administración, entre ellos el fiscal general interino Todd Blanche, el director del FBI, Kash Patel, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Al ser consultado sobre el caso, el Departamento de Justicia evitó pronunciarse sobre la existencia de investigaciones en curso. No obstante, su portavoz, Emily Covington, respondió que resultaba “irónico” que Brennan acusara al gobierno de llevar a cabo una campaña de represalias.
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