Más de 1,200 exfuncionarios del Departamento de Justicia (DOJ) solicitaron al Senado de Estados Unidos rechazar la nominación de Todd Blanche para ocupar de manera permanente el cargo de fiscal general, al argumentar que su gestión interina ha deteriorado la independencia de la institución y generado un clima de temor entre los empleados de carrera.
La petición fue enviada al Comité Judicial del Senado por la organización Justice Connection y reúne las firmas de exabogados, fiscales y altos funcionarios que sirvieron durante 14 administraciones presidenciales, tanto republicanas como demócratas. En la carta sostienen que Blanche ha privilegiado la lealtad política al presidente Donald Trump por encima del cumplimiento imparcial de la ley.
Los firmantes afirman que, desde que Blanche asumió como fiscal general adjunto en 2025 y posteriormente como titular interino del Departamento de Justicia tras la salida de Pam Bondi, miles de trabajadores han abandonado la dependencia debido a despidos, presiones internas o desacuerdos con las decisiones de la administración.
Los denunciantes sostienen que este éxodo no es casualidad, sino el resultado de despidos injustificados y presiones poco éticas dirigidas a limpiar las oficinas de aquellos elementos considerados no leales al presidente Donald Trump.
Una advertencia sobre el futuro del Departamento de Justicia
En el documento, los exfuncionarios aseguran que más de 16,000 empleados dejaron el Departamento de Justicia bajo el liderazgo de Blanche, incluidos más de una cuarta parte de los abogados de carrera. Según la carta, varios fueron despedidos sin previo aviso por haber participado en investigaciones relacionadas con el presidente o por negarse a ejecutar órdenes que consideraban impropias o contrarias a la ética profesional.
Los exempleados sostienen que la pérdida de personal experimentado afecta directamente la capacidad del Departamento para investigar delitos federales, proteger los derechos civiles y garantizar la seguridad nacional.
“La cultura del miedo que Todd Blanche ha instaurado debe terminar”, señalaron los firmantes, quienes recordaron la frase atribuida al expresidente John Adams de que Estados Unidos debe seguir siendo “un gobierno de leyes y no de hombres”.
La audiencia de confirmación de Blanche está prevista para los días 15 y 16 de julio ante el Comité Judicial del Senado, que deberá evaluar si recomienda o no su nombramiento definitivo.
La Casa Blanca defiende la nominación
La administración Trump rechazó las acusaciones y respaldó plenamente a Blanche. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el funcionario ha desempeñado un “excelente trabajo” al frente del Departamento de Justicia y cuenta con la confianza del presidente.
Jackson aseguró que Blanche ha defendido el estado de derecho y calificó al fiscal como un “patriota estadounidense” que enfrentó lo que describió como una campaña de persecución judicial contra Trump durante los procesos penales que llevó el ahora presidente antes de regresar a la Casa Blanca.
Antes de incorporarse al gobierno, Blanche fue abogado defensor de Trump en tres procesos penales, incluido el juicio por pagos irregulares en Nueva York.
No obstante, su gestión también ha sido objeto de controversias por investigaciones dirigidas contra antiguos funcionarios considerados adversarios políticos del presidente, el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y la propuesta de crear un fondo de 1,800 millones de dólares para combatir la denominada “instrumentalización política” del sistema judicial, iniciativa cuya implementación fue suspendida tras recibir críticas de legisladores de ambos partidos.
Además de la carta promovida por Justice Connection, otras organizaciones como Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), así como más de un centenar de exjueces, también han solicitado al Senado examinar con mayor rigor la actuación de Blanche antes de decidir sobre su confirmación, al considerar que el liderazgo del Departamento de Justicia debe preservar su independencia frente al poder político y mantener la confianza pública en el sistema judicial estadounidense.
Sigue leyendo: