La Ley de Vivienda del Siglo XXI, considerada la reforma bipartidista más importante en materia de vivienda en las últimas décadas, entró en vigor de forma automática después de que el presidente Donald Trump decidiera no firmarla ni vetarla dentro del plazo establecido por la Constitución de Estados Unidos.
De acuerdo con CBS News, el mandatario se negó a promulgar la legislación como medida de presión para exigir que el Senado aprobara la Ley SAVE America, una iniciativa impulsada por los republicanos que busca endurecer los requisitos para el registro de votantes y la emisión del sufragio.
Sin embargo, la Constitución estadounidense establece que cuando un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado no es firmado ni vetado por el presidente en un plazo de 10 días —sin contar los domingos—, este se convierte automáticamente en ley.
Trump utilizó el proyecto como presión política
A través de Truth Social, Trump reiteró su decisión de no firmar la legislación.
“No firmaré el proyecto de ley de vivienda (…) en protesta porque el Senado no ha podido aprobar la Ley SAVE America”, escribió el presidente.
La decisión sorprendió incluso a legisladores republicanos, quienes habían respaldado la iniciativa y esperaban destacar sus esfuerzos para atender uno de los temas que más preocupa a las familias estadounidenses: el acceso a una vivienda más asequible.
La senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las principales impulsoras del proyecto, criticó la postura del mandatario.
“Donald Trump no pudo firmarlo porque simplemente no le interesa reducir los costos para las familias estadounidenses”, afirmó en un comunicado.
Qué cambia con la nueva ley de vivienda
La nueva legislación incorpora más de 45 medidas para incrementar la oferta de viviendas y facilitar el acceso a una casa para millones de personas.
Entre las principales acciones destacan la reducción de obstáculos regulatorios para construir viviendas asequibles, incentivos para transformar edificios comerciales vacíos en desarrollos habitacionales, mayores recursos para la construcción de viviendas prefabricadas y restricciones a la compra masiva de casas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales.
También contempla apoyos para veteranos, fondos para comunidades que aumenten la construcción de viviendas y cambios en normas de edificación que, según sus impulsores, permitirán reducir costos y acelerar nuevos proyectos.
Aunque Trump evitó firmar la legislación para centrar la atención en su agenda electoral, la reforma terminó convirtiéndose en ley por mandato constitucional, consolidando uno de los pocos acuerdos bipartidistas alcanzados en el Congreso en los últimos años.
Sigue leyendo: