DOJ y Pentágono crean grupo de trabajo para enjuiciar y perseguir filtraciones a la prensa, anuncia Pete Hegseth

La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ofensiva contra las filtraciones de información confidencial al crear un grupo de trabajo conjunto entre el Departamento de Justicia (DOJ) y el Pentágono con el objetivo de identificar y procesar penalmente a quienes revelen datos sensibles a los medios de comunicación.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que la iniciativa busca acelerar las investigaciones sobre divulgaciones no autorizadas de información relacionada con la seguridad nacional y fortalecer la coordinación entre las autoridades militares y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En un video difundido en la red social X, Hegseth explicó que delegó nuevas facultades a la Oficina del Asesor Jurídico General del Departamento de Defensa para solicitar documentos, registros y apoyo de todas las áreas del Pentágono durante las investigaciones. También indicó que las dependencias deberán responder de manera completa a esas solicitudes en un plazo máximo de 48 horas.

“El acceso a información clasificada es una responsabilidad sagrada. Quienes traicionen esa confianza enfrentarán todo el peso de la ley”, afirmó el funcionario, al sostener que las filtraciones ponen en riesgo la seguridad de las fuerzas militares y las operaciones del gobierno estadounidense.

La medida llega tras nuevas tensiones con medios nacionales

El anuncio ocurre pocos días después de que el Departamento de Justicia emitiera citaciones contra cuatro periodistas del The New York Times para que comparezcan ante un gran jurado federal, luego de que el periódico publicara un reportaje sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el avión utilizado por el presidente Trump, una aeronave donada por Qatar para un viaje oficial a la cumbre de la OTAN en Turquía.

La decisión provocó críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y del propio diario, que acusó a la administración de intentar intimidar a los periodistas mediante acciones judiciales.  David McCraw, abogado del periódico, sostuvo que los reporteros cumplen con la función de informar sobre asuntos de interés público y advirtió que las citaciones representan un intento por desalentar el periodismo de investigación.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Pentágono ha endurecido su política hacia los medios de comunicación. Entre las medidas adoptadas se encuentran mayores restricciones de acceso a las instalaciones militares, nuevas reglas para el uso de información obtenida de fuentes internas y limitaciones para la cobertura periodística dentro del complejo de defensa.

Persisten cuestionamientos por el manejo de información clasificada

La nueva estrategia también reavivó el debate sobre el propio historial de Hegseth en materia de seguridad de la información. El secretario de Defensa fue objeto de críticas luego de que una investigación del Inspector General del Pentágono concluyera que utilizó la aplicación Signal en un teléfono personal para compartir información relacionada con operaciones militares, incluyendo detalles sobre ataques estadounidenses contra los rebeldes hutíes en Yemen.

Exfuncionarios del Departamento de Defensa señalaron la aparente contradicción entre la política de cero tolerancia anunciada por Hegseth y las críticas que enfrentó por ese episodio. John Ullyot, exvocero del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, afirmó que antes de exigir responsabilidades a otros funcionarios, el secretario debería responder por sus propias decisiones relacionadas con el manejo de información sensible.

Mientras tanto, la administración sostiene que el nuevo grupo de trabajo permitirá responder con mayor rapidez a las filtraciones y fortalecerá la protección de información clasificada. Para organizaciones de prensa y defensores de la Primera Enmienda, sin embargo, las nuevas medidas podrían incrementar las tensiones entre el gobierno federal y los medios de comunicación al limitar el acceso a información de interés público y endurecer las investigaciones sobre las fuentes periodísticas.

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