La familia LeBarón intensificó su batalla legal para obtener una indemnización por la masacre de Bavispe, en el estado norteño de Sonora, al solicitar a una corte federal de Estados Unidos autorización para revisar las finanzas de Ismael “El Mayo” Zambada, al considerar inverosímil que uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo carezca de bienes para responder por una sentencia multimillonaria.
A unos días de la audiencia de sentencia del cofundador del Cártel de Sinaloa, programada para el 20 de julio, los representantes legales de las familias de las víctimas pidieron al juez Brian M. Cogan que les permita acceder a la declaración financiera que el propio Zambada debió entregar al gobierno estadounidense como parte de su acuerdo de culpabilidad.
La solicitud forma parte del litigio emprendido por los familiares de las víctimas del ataque ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en los límites de Sonora y Chihuahua, donde nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, seis de ellos menores de edad, fueron asesinados durante una emboscada atribuida al grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
En el escrito presentado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, los abogados sostienen que las familias obtuvieron en 2022 una sentencia civil contra el Cártel de Juárez por terrorismo y buscan ejecutar ese fallo mediante el embargo de bienes bloqueados que pertenezcan a Zambada, a quien consideran un agente o instrumento de esa organización criminal.
Los representantes legales afirman que el gobierno estadounidense pretende canalizar cualquier pago derivado del decomiso directamente al Departamento de Justicia, sin permitir que las víctimas puedan reclamar esos recursos conforme a la Terrorism Risk Insurance Act (TRIA), legislación que autoriza a víctimas de terrorismo ejecutar bienes bloqueados de organizaciones o personas designadas por terrorismo o narcotráfico.
Uno de los principales argumentos de la familia LeBarón apunta a la aparente contradicción entre la trayectoria criminal atribuida a Zambada y la afirmación oficial de que no existen bienes identificados para cubrir un decomiso valuado en $15,000 millones de dólares.
En el documento judicial, los abogados califican de “preocupante” la representación del gobierno de que uno de los narcotraficantes “que ha obtenido ganancias por miles de millones de dólares” no tenga activos localizados, cuando su acuerdo de culpabilidad lo obliga a presentar un informe financiero completo antes de la sentencia.
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