Un tribunal federal de apelaciones confirmó la condena penal de Peter Navarro, exasesor de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, por desacatar una citación del comité del Congreso que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, informó AP.
La decisión representa un nuevo revés para Navarro, quien desde hace varios años sostiene que el entonces presidente le ordenó acogerse al privilegio ejecutivo para no entregar documentos ni comparecer ante los legisladores. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existen pruebas de que esa instrucción haya sido emitida.
Corte rechaza el privilegio ejecutivo
En una decisión unánime, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia rechazó la apelación de Navarro y respaldó la sentencia dictada en 2023.
La jueza Patricia Millett, autora de la opinión del tribunal, señaló que Navarro invocó el privilegio ejecutivo incluso antes de conocer el contenido de la citación y se negó a colaborar con la investigación del comité legislativo.
Además, los magistrados consideraron que parte de la información solicitada por el Congreso no podía quedar protegida por ese privilegio, aun si hubiera sido invocado formalmente.
Navarro buscará llevar el caso a otra instancia
El exfuncionario fue declarado culpable en 2023 y cumplió una condena de cuatro meses de prisión durante 2024. A pesar de ello, su defensa anunció que continuará apelando el caso al considerar que tiene implicaciones para la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
“Tiene la intención de proceder rápidamente con su apelación porque su caso afecta a todos los asesores presidenciales de alto nivel”, declaró Abhishek Kambli, abogado de Navarro.
El tribunal también recordó que Donald Trump nunca confirmó públicamente haber ordenado a Navarro invocar el privilegio ejecutivo durante la investigación sobre el 6 de enero, un elemento que debilitó la defensa del exasesor.
Junto con Steve Bannon, Peter Navarro es uno de los pocos integrantes del círculo cercano de Trump que han recibido condenas penales relacionadas con las investigaciones derivadas de los hechos ocurridos tras las elecciones presidenciales de 2020.
Sigue leyendo: