Un tribunal federal de apelaciones asestó un nuevo revés a la estrategia electoral del presidente Donald Trump, al rechazar la solicitud de su Gobierno para poner en vigor una orden ejecutiva que endurece las reglas del voto por correo en 23 estados, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso.
La decisión fue emitida por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, que confirmó la suspensión temporal dictada el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani, quien concluyó que varias de las disposiciones de la orden presidencial probablemente violan la Constitución al invadir facultades reservadas a los estados y al Congreso para organizar las elecciones federales.
El Departamento de Justicia había solicitado que la suspensión quedara sin efecto mientras se resuelve la apelación, al sostener que la demanda presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia era prematura porque las agencias federales aún no habían concluido el desarrollo de las medidas necesarias para ejecutar la orden.
Sin embargo, el panel de apelaciones rechazó ese planteamiento. En su resolución señaló que “los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora”, debido a que los preparativos para los comicios ya están en marcha y las disposiciones impugnadas tienen efectos inmediatos sobre la administración electoral.
La demanda fue promovida por una coalición de estados encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington, cuyos fiscales argumentaron que el presidente excedió las atribuciones del Poder Ejecutivo al intentar modificar unilateralmente las reglas de administración electoral, una materia que la Constitución reserva principalmente a los estados y al Congreso.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo bajo el argumento de fortalecer la integridad electoral, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar listas federales de ciudadanos con derecho a votar utilizando registros de ciudadanía. Asimismo, ordena al Departamento de Justicia priorizar investigaciones contra funcionarios electorales estatales y locales que envíen boletas a personas consideradas no elegibles.
Otra de las disposiciones cuestionadas busca involucrar al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en la implementación de nuevos criterios para el procesamiento del voto por correo, un punto que la jueza Talwani consideró carente de sustento legal.
En su fallo de junio, Talwani sostuvo que el presidente carece de autoridad para ordenar al DHS elaborar registros federales de votantes para los estados y concluyó que el USPS tampoco posee facultades para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo.
La magistrada también advirtió que la orden ejecutiva no puede utilizarse “para intimidar a funcionarios electorales locales” ni obligarlos a utilizar registros federales de ciudadanía que no incluyen a todos los ciudadanos con derecho al voto, bajo la amenaza de investigaciones o procesos penales.
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