El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó este lunes a la Corte Suprema que restablezca la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a endurecer las reglas del voto por correo, al considerar que el bloqueo impuesto por tribunales inferiores fue prematuro y dificulta la preparación de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
La petición fue presentada por el procurador general D. John Sauer, quien sostuvo que las agencias federales encargadas de aplicar la directiva presidencial aún no han definido de qué manera implementarán las medidas, por lo que, a su juicio, los tribunales no debieron intervenir antes de que existieran acciones concretas.
“Y la orden judicial es especialmente indefendible porque las agencias aún están deliberando sobre cómo (si es que lo hacen) implementar la Orden, pero el tribunal de distrito decidió de antemano que cualquier cosa que las agencias decidan hacer será necesariamente ilegal”, escribió Sauer en el documento entregado al máximo tribunal.
La administración republicana argumentó que una decisión rápida resulta necesaria para que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras dependencias dispongan del tiempo suficiente para aplicar cualquier cambio antes de las elecciones de noviembre. Casi dos docenas de estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia demandaron a la Administración, argumentando que la medida busca la supresión de votantes.
Aunque la Casa Blanca defiende la iniciativa como parte de su esfuerzo por frenar el fraude electoral y exigir pruebas de ciudadanía, autoridades electorales y tribunales sostienen que no existen evidencias de un fraude generalizado en el sistema de voto postal.
La disputa llega nuevamente a la Corte Suprema
La orden ejecutiva, firmada por Trump a principios de este año, instruye al DHS a elaborar un listado de ciudadanos estadounidenses verificados con derecho a votar y ordena al USPS desarrollar normas más estrictas para los estados que utilizan el voto por correo. El mes pasado, la jueza federal Indira Talwani suspendió parte de la orden al concluir que el presidente no cuenta con autoridad para modificar aspectos esenciales de la administración electoral sin autorización del Congreso.
Posteriormente, un panel del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó levantar esa suspensión. Sauer advirtió que, de mantenerse el bloqueo, incluso una eventual victoria del gobierno llegaría demasiado tarde para implementar los cambios antes del proceso electoral. “Ese problema es aún más acuciante porque cualquier decisión de este tipo deberá implementarse mucho antes de noviembre”, argumentó.
La solicitud representa la trigésimo quinta petición de emergencia presentada por la administración Trump ante la Corte Suprema. Mientras sus críticos sostienen que este elevado número refleja decisiones presidenciales que enfrentan obstáculos legales, el Departamento de Justicia asegura que responde a una creciente intervención de los tribunales federales sobre las facultades del Poder Ejecutivo.
El caso fue asignado inicialmente a la jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de los asuntos de emergencia procedentes del Primer Circuito, aunque lo habitual es que el pleno de la Corte Suprema decida este tipo de solicitudes. Los estados demandantes tendrán hasta el próximo lunes para presentar su respuesta por escrito.
Sigue leyendo: