Las autoridades hondureñas confirmaron el asesinato de al menos 19 personas a manos de hombres armados, vestidos con uniformes de la Policía, en una finca en el Caribe hondureño, una región golpeada por el narcotráfico y un conflicto agrario que deja cientos de muertos en las últimas décadas.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a los periodistas que en un primer conteo se identificaron “trece fallecidos” y luego, un segundo grupo de “seis personas asesinadas”.
La matanza ocurrió en la madrugada de este jueves en la aldea Rigores, en el municipio de Trujillo, cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana y fueron emboscadas por el grupo armado.
La Fiscalía aseguró que este crimen “no quedará en la impunidad” y se agotarán todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos en esta conflictiva zona del departamento de Colón, donde hay varias disputas por la tenencia de la tierra.
El conflicto se originó tras la venta de tierras —otorgadas originalmente a labradores mediante una reforma agraria hace medio siglo— a grandes empresarios agrícolas, unas propiedades que en la actualidad reclaman las nuevas generaciones de campesinos.
Según las autoridades locales, el problema agrario se ha visto agravado por la infiltración de grupos criminales, políticos y del narcotráfico.
“Solo se dedicaban a trabajar”
Armando Suchite, padre de dos de las 19 personas asesinadas este jueves en una finca en el Caribe de Honduras, dijo a EFE que sus hijos “solo se dedicaban a trabajar” y no se explica qué pudo suceder para que se produjera esta matanza, perpetrada por hombres armados vestidos con uniformes de la Policía en una zona golpeada por los conflictos de tierras.
“No le puedo decir qué es lo que pasó. Solamente ellos saben”, dijo Armando, padre de Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, asesinados en la madrugada cuando, como el resto de las víctimas, se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana.
Mientras avanza la jornada, familiares, vecinos y miembros de iglesias evangélicas se congregan en el patio de la vivienda de la familia Suchite para orar y preparar alimentos para el velatorio, entre ellos Cristina García, de 53 años y madre de los jóvenes asesinados.
Eran jóvenes “humildes” y “bien tranquilos”, dedicados únicamente al trabajo agrícola, dice el padre, de 55 años. El mayor de sus hijos, Elmer, deja dos niñas pequeñas, y Wilmer tenía otra hija.
“Mis hijos trabajaban allí en esa finca por un salario que les pagaban; no eran socios, solo eran trabajadores”, insiste, tras explicar que eran originarios del departamento de Yoro, en el norte del país.
Con información de EFE.
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