Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa y actual pareja de Gerardo González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis, se declaró culpable en Estados Unidos de violar la Ley Kingpin tras utilizar más de $500,000 dólares provenientes del narcotráfico para pagar la educación de su hijo en una exclusiva academia de Florida.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Amaral Arévalo admitió haber realizado transacciones financieras prohibidas al canalizar $504,497 dólares para cubrir las colegiaturas de su hijo en IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, pese a que desde 2015 estaba sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus vínculos con la organización criminal Los Cuinis.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la acusada firmó contratos con la institución educativa y gestionó los pagos de matrícula, acciones que constituyen una violación deliberada de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin, la cual prohíbe a personas sancionadas realizar operaciones dentro del sistema financiero estadounidense.
Los Cuinis son considerados el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Gerardo González Valencia fue condenado en 2023 a cadena perpetua en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína y es hermano de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, así como de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
El caso también puso bajo escrutinio a la propia IMG Academy. En febrero de este año, la OFAC alcanzó un acuerdo por 1.72 millones de dólares con la institución educativa tras determinar que mantuvo relaciones comerciales y recibió pagos de personas incluidas en la lista de sancionados por narcotráfico, entre ellas Amaral Arévalo.
Según las autoridades, la academia procesó decenas de pagos relacionados con la educación de hijos de individuos vinculados con cárteles mexicanos.
Tras aceptar los cargos, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. La audiencia para conocer su sentencia fue programada para el próximo 2 de diciembre.
El director de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que la acusada utilizó una institución educativa “como vehículo para canalizar ganancias del narcotráfico”, lo que, dijo, evidencia el alcance de las redes financieras del CJNG dentro de Estados Unidos.
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