La disputa entre demócratas y Donald Trump entró en un nuevo terreno: el de las reglas para impedir que el poder presidencial se convierta en una fuente de enriquecimiento privado. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, presentó una iniciativa para crear una Oficina Anticorrupción independiente, con amplias facultades para investigar al Ejecutivo y recuperar dinero que, según los demócratas, haya sido obtenido mediante prácticas corruptas.
El anuncio llega a menos de cuatro meses de las elecciones intermedias de noviembre, en las que los demócratas buscan recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado. De acuerdo con The Washington Post, la propuesta forma parte de una estrategia más amplia del partido para presentar a los votantes una agenda de reformas antes de los comicios.
Schumer, acompañado por los senadores Alex Padilla, Jeff Merkley y Andy Kim, sostuvo que la dimensión económica de los negocios vinculados con el presidente y su familia exige establecer nuevos mecanismos de vigilancia.
“En tan solo 18 meses, la familia Trump ha obtenido más de $4,000 millones de dólares aprovechándose de la influencia de la presidencia”, denunció Schumer.
La acusación se apoya en un informe divulgado previamente este mes por los demócratas del Senado, que sostiene que Trump ha obtenido más de $2,000 millones de dólares desde su regreso a la Casa Blanca y que los negocios de su familia han generado más de $4,000 millones. El propio Washington Post reportó que Trump declaró ingresos de unos $2,000 millones de dólares durante el último año, principalmente relacionados con criptomonedas y otros negocios.
La propuesta, denominada Anti-Corruption Bureau Creation Act, pretende ir más allá de una investigación puntual. De acuerdo con el texto presentado por los senadores, crearía la primera agencia federal independiente dedicada específicamente a combatir la corrupción en el Poder Ejecutivo y evitar que los presidentes conviertan el cargo público en una fuente de ganancias privadas.
“Primero, devolverles el dinero a los estadounidenses. Segundo, asegurar que nadie pueda volver a robarles”, explicó Schumer al presentar sus objetivos.
El organismo estaría dirigido por siete integrantes confirmados por el Senado, con equilibrio partidista: tres republicanos, tres demócratas y un miembro independiente. Tendría facultades para emitir citaciones, investigar, supervisar y hacer cumplir las disposiciones anticorrupción.
La iniciativa también plantea concentrar bajo la nueva oficina funciones que actualmente corresponden a tres organismos: la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Federal Electoral y la Oficina del Asesor Especial.
“Nuestro proyecto de ley facultaría a cualquier persona, incluyendo a un fiscal general estatal que actúe en nombre del pueblo de su estado, para presentar una demanda para recuperar el dinero robado al público mediante la corrupción gubernamental”, afirmó Schumer.
Ese mecanismo constituiría uno de los elementos más relevantes de la propuesta: permitiría a ciudadanos y fiscales generales estatales acudir a los tribunales para intentar recuperar recursos obtenidos ilegalmente por presidentes, altos funcionarios, determinadas figuras de campaña y grandes contratistas gubernamentales.
El proyecto también busca blindar financieramente al organismo frente a represalias de la Casa Blanca. Los demócratas plantean crear un fondo de financiamiento autosostenible, inspirado en el modelo de la Reserva Federal, con el propósito de impedir que un presidente pueda reducir su presupuesto para neutralizar sus investigaciones.
Schumer resumió el objetivo político de la propuesta con una advertencia que pretende trascender al actual mandatario: “Mi proyecto de ley creará un derecho de acción privada que permitirá a los estadounidenses recuperar el dinero que Trump y su familia les han quitado”.
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