En julio pasado, el gobierno del presidente Donald Trump afirmó que más de 250,000 inmigrantes sin derecho a votar estaban registrados para participar en el proceso electoral de este año, pero no presentó pruebas de sus afirmaciones, por lo que organizaciones civiles exigieron transparencia a través de la Ley de Información (FOIA), pero no obtuvieron respuesta.
Ahora, una demanda busca obtener los documentos que sustentan –o desmienten– las cifras de la administración Trump, basadas en información compartida por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
“La administración Trump-Vance no puede afirmar que protege las elecciones mientras oculta los hechos al público”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Los estadounidenses merecen pruebas, no retórica. El gobierno está ejerciendo una autoridad sin precedentes e inconstitucional sobre la administración electoral, mientras se niega a revelar las políticas, los datos y las comunicaciones que sustentan estas acciones”.
En 2025, la agencia migratoria amplió las capacidades del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE), luego de la Orden Ejecutiva 14399 del presidente Trump para revisar los padrones electorales, esto llevó a odificar el sistema para permitir la carga masiva de datos e incluyendo información de la Administración del Seguro Social y del Departamento de Estado.
“Existe amplia evidencia de que muchas personas identificadas por SAVE como presuntamente no ciudadanas son, de hecho, ciudadanas”, señala la demanda, donde se acusa a la administración Trump de obtener “ilegalmente” los datos de los votantes que forman parte del registro mencionado, algo que incluso legisladores han señalado.
Los demandantes buscan información que el Departamento de Justicia utiliza del programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE) para el registro de votantes y el mantenimiento del padrón electoral.
También se solicitan los acuerdos relacionados con los conjuntos de datos de las papeletas de voto por correo y en ausencia, así como los documentos de planificación interna sobre el uso de bases de datos de inmigración para revisar los padrones electorales.
“En una democracia, la confianza pública en nuestras elecciones depende de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho. Nuestro equipo se siente honrado de presentar esta demanda para revelar al pueblo estadounidense lo que la administración está ocultando“, agregó Perryman.
Democracy Forward también cuestiona la negativa del USCIS a agilizar las peticiones de información pública, a pesar de que las elecciones intermedias están en proceso.
La demanda ante la Corte de Distrito de Maryland busca que se ordene a USCIS a procesar las solicitudes de transparencia de manera acelerada y entregar los registros solicitados, “para que el público pueda comprender las acciones del gobierno federal antes de las elecciones de 2026”.
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