El Departamento de Justicia dio a conocer que un hombre de Washington enfrenta cargos penales federales por presuntamente disparar y matar a un águila calva, una especie protegida por la legislación estadounidense pese a que dejó de estar catalogada como amenazada hace casi dos décadas.
El caso volvió a poner bajo escrutinio la eficacia de las sanciones contra quienes atacan fauna silvestre protegida y la persistencia de este tipo de delitos en Estados Unidos.
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington informó que Benjamin G. Allen, de 66 años y residente de Brush Prairie, en el condado de Clark, fue acusado de violar la Ley de Protección del Águila Calva y Dorada y la Ley del Tratado de Aves Migratorias.
En un comunicado, la fiscalía señaló que Allen “está acusado de disparar y matar al pájaro con una escopeta”. Si resulta culpable de ambos delitos menores, podría recibir una condena de hasta un año de prisión y una multa de hasta $500,000 dólares.
De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2026. Un testigo reportó haber escuchado un disparo procedente de la propiedad del acusado. Poco después, agentes especializados del Departamento de Pesca y Vida Silvestre acudieron al lugar y localizaron un águila calva muerta con sangre alrededor de la cabeza.
Las autoridades indicaron que Allen criaba gallinas cerca del sitio donde apareció el ave. Sin embargo, la acusación no atribuyó un móvil específico al presunto ataque ni reveló el contenido de las declaraciones que el hombre ofreció durante la entrevista con los investigadores.
Un examen veterinario determinó que el águila murió a consecuencia de dos perdigones de escopeta alojados en el cerebro, una evidencia que respaldó la imputación presentada por el gobierno federal.
Allen deberá comparecer el próximo 8 de septiembre ante un tribunal federal en Tacoma.
Aunque el águila calva salió de la lista de especies en peligro de extinción en 2007 gracias a décadas de esfuerzos de conservación, continúa bajo estricta protección federal. La Ley de Protección del Águila Calva y Dorada, vigente desde 1940, prohíbe matar, capturar, vender, transportar o poseer ejemplares vivos o muertos, así como sus nidos, huevos o cualquier parte del animal, salvo mediante permisos especiales otorgados por las autoridades.
El caso de Washington no constituye un hecho aislado. En mayo de este año, Santos Guerrero, residente de Porter, Texas, aceptó su responsabilidad por disparar contra un águila calva en 2024. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, el ave sobrevivió inicialmente al disparo, pero un hospital veterinario decidió sacrificarla debido a la gravedad de las lesiones. El acusado enfrenta una pena de hasta un año de prisión y una multa de $100,000 dólares.
Las autoridades federales también mantienen como referencia otro de los casos más graves de caza ilegal de aves protegidas. En 2024, Travis John Branson, residente de Cusick, Washington, recibió una sentencia cercana a cuatro años de prisión y una multa superior a 777,000 dólares tras admitir que participó durante más de una década en una red que mató y traficó águilas y halcones para vender sus plumas y otras partes en el mercado negro. Los fiscales vincularon esa operación con la muerte de al menos 118 águilas y 107 halcones, aunque sostuvieron que el número real de aves sacrificadas fue considerablemente mayor.
Organizaciones conservacionistas han advertido que, pese a la recuperación poblacional del águila calva, la especie aún enfrenta amenazas derivadas de disparos, intoxicaciones, pérdida de hábitat y colisiones con infraestructura humana.
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