La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) tramitó hasta el 10 de julio la devolución de $121,750 millones de dólares a empresas que pagaron los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump y que posteriormente fueron invalidados por la Corte Suprema. La cifra representa más del 70% de los aproximadamente $166,000 millones de dólares que el gobierno deberá reintegrar a los importadores afectados.
La CBP confirmó que la agencia recibió $24.4 millones de declaraciones de importación, de las cuales $16.76 millones ya fueron procesadas para determinar su elegibilidad para un reembolso o una devolución certificada.
“La CBP ha cumplido plenamente con todas las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional y de otros tribunales relativas a los reembolsos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)”, declaró el vocero de la agencia.
La devolución corresponde a los aranceles que la administración Trump aplicó en abril de 2025 mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una legislación de 1977 que tradicionalmente se utilizó para responder a amenazas extraordinarias contra la seguridad nacional, pero que el gobierno empleó para imponer gravámenes generalizados a decenas de socios comerciales.
En febrero de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que esa ley no otorgaba al presidente la facultad para establecer aranceles de forma unilateral y declaró ilegal ese esquema tributario. La resolución obligó a suspender el cobro de esos gravámenes y abrió el proceso para devolver el dinero recaudado a cientos de miles de importadores.
Para ejecutar los reembolsos, la CBP habilitó en abril la plataforma electrónica Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), mediante la cual los importadores o sus agentes aduanales presentan las solicitudes. Posteriormente, cada caso pasa por una revisión individual antes de autorizar el pago.
El volumen de recursos convirtió el procedimiento en una de las mayores operaciones de devolución en la historia de las aduanas estadounidenses. De acuerdo con documentos judiciales, alrededor de 330,000 importadores podrían beneficiarse del programa, el cual abarca cerca de 53 millones de operaciones de importación realizadas entre abril de 2025 y febrero de 2026.
Un día después de que CAPE entró en funcionamiento, Trump recomendó públicamente a las empresas no solicitar el dinero de vuelta, al considerar que renunciar al reembolso constituía una mejor decisión para apoyar su estrategia comercial.
Sin embargo, tras la derrota judicial, la Casa Blanca buscó mantener su política arancelaria mediante nuevas bases legales. Primero estableció un arancel global temporal de 10%, que expiró a finales de julio. Posteriormente anunció nuevos gravámenes de entre 10% y 12.5% para productos procedentes de unas 60 economías, al argumentar que esos países realizaron “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”. Esa nueva estrategia ya enfrenta demandas promovidas por más de una veintena de estados, cuyos fiscales sostienen que el gobierno intenta restablecer por otra vía los impuestos que los tribunales ya declararon ilegales.
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