El presidente Donald Trump anunció que llevará hasta la Corte Suprema la disputa por la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, luego de que un tribunal federal de apelaciones determinara que la administración no tiene autoridad para avanzar con el proyecto sin la aprobación del Congreso.
La decisión judicial representa un nuevo choque entre la Casa Blanca y los tribunales, ya que el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó que la construcción del espacio, valuado en aproximadamente $400 millones, debe permanecer detenida mientras se define el proceso legal.
En una resolución dividida 2-1, los jueces señalaron que la residencia presidencial pertenece al pueblo estadounidense y que el mandatario no puede modificar partes importantes del complejo sin una autorización legislativa.
“Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca”, escribieron los jueces en el fallo, al argumentar que el control sobre la propiedad federal corresponde al Congreso.
Trump acusa motivaciones políticas
Tras conocer la resolución, Trump aseguró que apelará “inmediatamente” ante la máxima instancia judicial del país y calificó la decisión como “horrenda, políticamente motivada e ilegal”.
En una publicación en su red social Truth Social, el presidente defendió el proyecto y afirmó que el nuevo espacio forma parte de una estrategia de seguridad nacional.
“Las Fuerzas Armadas y el Servicio Secreto consideran este fallo horrendo, políticamente motivado e ilegal como una amenaza a la seguridad nacional de nuestra nación”, escribió Trump.
El mandatario sostuvo que la construcción incluye elementos de protección avanzada, como instalaciones subterráneas, estructuras reforzadas y sistemas diseñados para proteger a futuros presidentes, funcionarios y visitantes de la Casa Blanca.
También cuestionó por qué la demanda fue presentada después de que comenzaron los trabajos y aseguró que gran parte del proyecto ya está construido o en proceso de instalación.
Grupo conservacionista celebra la resolución judicial
CBS News reveló que la demanda fue presentada por el National Trust for Historic Preservation, organización que argumentó que la administración Trump inició modificaciones importantes en la Casa Blanca sin cumplir con los procesos federales correspondientes.
Brent Leggs, presidente y director ejecutivo del grupo, dijo estar satisfecho con el fallo y afirmó que la resolución protege un símbolo histórico del país.
“La Casa Blanca, un hito mundial que simboliza la identidad estadounidense y los ideales de la democracia, pertenece al pueblo estadounidense”, declaró Leggs, según el medio antes citado.
La jueza Neomi Rao, designada por Trump, presentó un voto disidente y sostuvo que el grupo demandante no tenía legitimidad para detener la obra.
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