La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para impedir que los bancos nacionales dejen de pagar intereses sobre el dinero que millones de propietarios mantienen en cuentas de depósito en garantía.
Estas cuentas forman parte de muchas hipotecas y sirven para reunir dinero destinado al pago de impuestos sobre la propiedad y seguros de vivienda. Es decir, el propietario entrega cada mes una cantidad que permanece bajo control de la entidad financiera hasta que llega el momento de cubrir esos gastos.
El problema está en lo que ocurre con ese dinero mientras permanece en la cuenta.
En Nueva York, una ley vigente desde 1974 obliga a los prestamistas a pagar un interés mínimo de 2% sobre determinados fondos depositados en garantía. James sostiene que esa protección beneficia directamente a los propietarios y evita que los bancos utilicen grandes cantidades de dinero sin ofrecer una compensación.
“Los grandes bancos y las entidades hipotecarias no deberían poder obligar a los propietarios a inmovilizar grandes sumas de dinero sin pagar intereses”, afirmó James, de acuerdo con el comunicado difundido por su oficina.
La disputa con la OCC
La demanda, presentada junto con otros nueve fiscales generales, responde a dos normas emitidas por la OCC el 15 de mayo de 2026. La agencia sostiene que las leyes estatales que obligan a los bancos nacionales a pagar intereses sobre estas cuentas no pueden aplicarse a esas instituciones.
James y los demás fiscales generales consideran que la OCC se excedió en sus facultades y que sus decisiones podrían afectar las protecciones establecidas por los estados para los propietarios de viviendas.
La Fiscalía General de Nueva York señala que cerca del 80% de las hipotecas en Estados Unidos tenían una cuenta de depósito en garantía asociada en 2016.
El caso ocurre después de que el Segundo Circuito determinara en mayo que la ley neoyorquina del 2% no podía aplicarse a bancos nacionales.
Ahora, James busca que un tribunal declare ilegales las nuevas reglas de la OCC y evite que entren en vigor.
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