Frank Kendall, exsecretario de la Fuerza Aérea durante la administración Biden, anunció que demandará al gobierno federal por haberle revocado la autorización para acceder información considerada como clasificada y también por imposibilitarle que pueda ocupar cualquier cargo de alta seguridad en el Departamento de Defensa (DOD), así como en cualquier otra agencia federal.
La semana pasada, Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde prácticamente exhibió al militar en cuestión como la fuente de divulgación de datos relacionados con los aviones Force One en que suele viajar el presidente Donald Trump y parte de su gabinete.
“Con efecto inmediato, el Departamento de Guerra ha REVOCADO la autorización del exsecretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, para acceder a información clasificada, así como su capacidad para ocupar cualquier cargo de alta seguridad.
Esta medida se produce tras su divulgación no autorizada a un medio de comunicación de información clasificada relativa a las capacidades del Air Force One”, indica parte de la misiva.
Un artículo publicado por el diario The New York Times sobre las preocupaciones de seguridad relacionada con el nuevo Air Force One, y otro más que apareció en el periódico The Wall Street Journal, donde se comparaban las capacidades del Boeing 747-8 donado por Qatar con los antiguos aviones presidenciales, destacando varios puntos delicados detectados, produjeron una investigación que presuntamente llevó hasta Frank Kendall.
Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el militar de Massachusetts afirmó no haber compartido ningún dato considerado de alto riesgo para la seguridad nacional.
Frank Kendall mencionó haber contratado a Mark Zaid como abogado y su objetivo consiste en marcar un precedente ante la posición asumida por la administración Trump en su contra.
“He observado que un avión en el que se ha invertido un año y $400 millones de dólares no será tan capaz como uno en el que se han invertido cinco años y 2,000 millones de dólares. Eso es obvio. Voy a demandarlos. Eso es lo que haré a continuación.
Lo que me pase no es de suma importancia. Esto no me afecta enormemente. Perderé algunos ingresos y algunas oportunidades, pero este es uno de más de 100 casos en los que nuestro gobierno ha revocado las autorizaciones de seguridad de personas de forma muy arbitraria, a menudo por razones políticas, como una forma de atacar a los enemigos políticos, al parecer”, puntualizó.
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