Alvin Brown y Robert Primus sostienen que la facultad presidencial para remover funcionarios no permite ignorar las garantías constitucionales contra la discriminación racial.
Dos exfuncionarios afroamericanos de organismos federales de transporte llevaron nuevamente sus despidos ante un tribunal de Washington, esta vez con un argumento que podría abrir otro frente en la disputa sobre el alcance del poder presidencial de Donald Trump.
Alvin Brown, exvicepresidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), y Robert E. Primus, exmiembro de la Junta de Transporte Terrestre (STB), presentaron escritos separados para defender sus demandas contra la administración Trump-Vance.
La organización Democracy Forward, que representa a ambos junto con Justice Legal Strategies, informó que los funcionarios sostienen que sus destituciones estuvieron motivadas, al menos en parte, por razones raciales y violaron las garantías de igualdad contempladas en la Quinta Enmienda.
El argumento va más allá del poder de Trump para despedir
El caso llega después de que la Suprema Corte resolviera en junio Trump v. Slaughter, una decisión 6-3 que eliminó las protecciones de permanencia de los integrantes de la Comisión Federal de Comercio y amplió el margen del presidente para remover funcionarios de determinadas agencias independientes.
Brown y Primus buscan marcar una diferencia: incluso si el presidente cuenta con amplias facultades para remover funcionarios, sostienen que la Constitución no autoriza un despido basado en la raza.
“Cuando se mira quiénes han sido removidos sin causa y quiénes permanecieron en sus puestos, el patrón es imposible de ignorar”, afirmó Brown en diciembre pasado, al anunciar la ampliación de sus demandas.
Ambos argumentan además que existió un trato distinto frente a funcionarios blancos que se encontraban en circunstancias comparables.
Brown cuestiona también la independencia de la NTSB
En el caso de Brown, sus abogados plantean que las protecciones legales que limitaban su destitución deberían mantenerse porque la NTSB tiene una función principalmente investigadora y de seguridad, no de regulación o ejecución de leyes.
Brown fue removido en mayo de 2025 y Primus en agosto de ese mismo año. Primus, cuyo mandato estaba previsto hasta diciembre de 2027, sostiene que no recibió una causa legal para justificar su salida.
La administración Trump, por su parte, ha defendido su autoridad para remover funcionarios y ha señalado en otros casos que busca contar con integrantes que estén alineados con las prioridades presidenciales. En el caso de Primus, la Casa Blanca argumentó que no estaba alineado con la agenda “America First”.
Ahora serán los tribunales los que deberán determinar hasta dónde llega el nuevo alcance del poder presidencial y, sobre todo, si ese poder puede utilizarse de manera que viole las garantías constitucionales contra la discriminación racial.
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