El recién confirmado fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, publicó una nueva regla que permitirá a personas que tenían prohibido portar armas buscar un “alivio” o permiso especial, para poder adquirir ese equipo.
El argumento central de la norma es que el fiscal general Blanche busca restablecer el “derecho federal” bajo la Segunda Enmienda de la Constitución.
“La Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase, y el gobierno federal no debería privar permanentemente a los estadounidenses de un derecho constitucional sin importar si representan un peligro para la seguridad pública”, declaró el fiscal Blanche. “Esta norma establece un proceso riguroso y sensato que protege al público y, a la vez, ofrece a los estadounidenses que lo merecen una vía real para el restablecimiento de dicho derecho”.
La nueva regla reduce el poder de un proceso legal creado hace tres décadas por el Congreso en virtud del artículo 925(c) del Título 18 del Código de los EE.UU., para impedir que personas convictas o violentas tengan acceso a armas.
“Por ejemplo, la ley prohíbe la transferencia, posesión o recepción de armas de fuego por parte de personas condenadas por un delito punible con una pena superior a un año“, reconoce el DOJ en el documento publicado en el Registro Federal.
La regla permitirá que el Departamento de Justicia analice las peticiones de prófugos de la justicia, usuarios ilícitos de sustancias controladas y personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica.
“Dado que la inhabilitación de estas personas no se debe únicamente a su conducta pasada, sino también a otros indicios de falta de respeto a la ley y peligrosidad potencial, la NPRM propuso que, por presunción, se les negaría el alivio […]. Sin embargo, estas personas pueden, por lo general, salir de su categoría prohibida cesando su conducta ilícita o, en el caso de la sección 922(g)(8), solicitando una modificación o terminación anticipada de la orden de protección”, dice la nueva regla.
El DOJ defiende la norma final como “un proceso funcional” que contempla aspectos individualizados y promueve la directiva del presidente Trump “de proteger los derechos de la Segunda Enmienda”.
“El presidente Trump sigue haciendo historia, esta vez con el restablecimiento sin precedentes del derecho a portar armas de fuego para millones de estadounidenses”, afirmó el Fiscal Federal de Indultos, Edward Martin. “Durante los últimos meses, hemos trabajado bajo la dirección del Fiscal General Todd Blanche para desarrollar un programa que permita la restitución de los derechos de los 30 millones de estadounidenses que han perdido sus derechos amparados por la Segunda Enmienda. Nos enorgullece servir y defender nuestra gran Segunda Enmienda.”
¿Un proceso automático?
El DOJ afirma que la petición de alivio no será automática ni las personas que la soliciten tendrán garantizada la autorización, pero todos los casos serán revisados.
“Cada solicitante debe demostrar, a satisfacción del Fiscal General, que las circunstancias que dieron origen a la prohibición, junto con sus antecedentes, reputación y conducta posterior, demuestran que no es probable que actúe de manera peligrosa para la seguridad pública y que otorgar el alivio no sería contrario al interés público”, indica el DOJ.
El beneficio dejará fuera a algunas personas, indicó el gobierno del presidente Donald Trump, incluidos inmigrantes indocumentados, quienes oficialmente no tienen derecho a portar armas, un beneficio exclusivo para ciudadanos estadounidenses.
“Salvo circunstancias excepcionales, los delincuentes violentos, los agresores sexuales registrados, los inmigrantes indocumentados y otras personas que representen un peligro constante seguirán siendo presuntamente inelegibles para recibir beneficios”, se afirma.
Las personas que busquen aplicar para el alivio deberán registrarlo ante el Programa Federal de Recuperación de Derechos a portar Armas de Fuego.