Ciudades de los estados de Ohio, Tennessee y Texas presentaron este lunes una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por condicionar fondos federales destinados a prevenir y responder a amenazas terroristas a la adopción de nuevas reglas electorales.
El Gobierno Metropolitano de Nashville y el condado de Davidson, Tennessee; el condado de Harris y el condado de El Paso, Texas; y la ciudad de Columbus, Ohio, acudieron ante un tribunal federal de Washington, D.C. para impugnar los nuevos requisitos establecidos por la administración del presidente Donald Trump.
La demanda, presentada con apoyo del Brennan Center for Justice, Protect Democracy, Public Rights Project y Jacobson Lawyers Group, sostiene que el DHS intenta utilizar recursos de seguridad pública como mecanismo de presión para modificar la forma en que los estados y gobiernos locales administran las elecciones. El Brennan Center confirmó la presentación este 17 de agosto.
El conflicto se originó en junio, cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) publicó las condiciones para el Programa de Subsidios de Seguridad Nacional, un esquema de aproximadamente $1,000 millones destinado a que gobiernos estatales y locales prevengan y respondan ante amenazas terroristas.
De acuerdo con el Brennan Center, los gobiernos que no cumplan con cinco nuevas condiciones perderán 20% de los fondos correspondientes al programa.
Entre las exigencias se encuentra presentar un plan para abandonar sistemas de votación electrónica que utilizan códigos de barras o QR y avanzar hacia boletas de papel marcadas a mano. También deberán realizar auditorías manuales posteriores a las elecciones sobre al menos 5% de las boletas y conciliar el número de votantes con el total de sufragios emitidos.
La administración también exige utilizar el sistema federal SAVE para verificar la ciudadanía de las personas inscritas en los registros electorales y de quienes trabajan en los centros de votación, incluidos administradores y proveedores de sistemas electorales.
Las ciudades cuestionan la autoridad de Trump
Los demandantes sostienen que el gobierno federal no puede imponer por vía administrativa condiciones electorales que el Congreso no estableció al aprobar los fondos.
La demanda argumenta que las medidas violan la separación de poderes, la cláusula constitucional que reserva al Congreso la autoridad sobre el gasto federal y las facultades que corresponden a los estados y al Congreso para establecer las reglas de las elecciones federales. También acusa al DHS de violar la Ley de Procedimiento Administrativo.
Abbie Kamin, fiscal del condado de Harris, calificó la medida como un uso indebido del poder federal.
“Amenazar con retener los fondos de seguridad y orden público de la que dependen nuestras agencias, retener los dólares que protegen a nuestras comunidades para un arrebato de poder partidista no solo está mal, sino que es peligroso. El control local de las elecciones es una garantía arraigada en la Constitución, y todo intento de cambiarlo debe defenderse con vigor”.
Christina Sanchez, fiscal del condado de El Paso, señaló que las nuevas obligaciones representan costos adicionales para las autoridades locales.
“Las oficinas electorales locales ya tienen algunos de los requisitos y esfuerzos de supervisión más estrictos, diseñados para garantizar la seguridad y transparencia de sus operaciones. Imponer más requisitos es costoso, complicado y engorroso, y, encima, nuestras agencias policiales y judiciales dependen de estos fondos para comprar equipos esenciales que les ayudan a proteger y salvar vidas”.
Desde Nashville, la directora del Departamento de Derecho del Gobierno Metropolitano, Tyler Yarbro, sostuvo que los recursos son necesarios para la preparación de los equipos de emergencia.
“La administración Trump quiere retener estos fondos si no implementamos cambios costosos y totalmente innecesarios en nuestros procedimientos electorales. Todos los tribunales involucrados han rechazado los esfuerzos de la administración de interferir en las elecciones”.
Una disputa que ya llegó a los tribunales
La demanda de las ciudades y condados no es el primer frente judicial contra las condiciones impuestas por el gobierno de Trump.
En julio, 26 estados presentaron otra demanda contra DHS y FEMA por vincular fondos federales de emergencia y seguridad nacional con cambios electorales y cooperación en materia migratoria. Reuters informó que esa coalición cuestionó que el gobierno federal retuviera 20% de más de $1,000 millones en recursos hasta que los estados adoptaran las nuevas medidas.
El caso se suma a una serie de litigios sobre los intentos de la administración Trump de intervenir en la organización de las elecciones. En junio, un tribunal federal bloqueó partes de una orden ejecutiva de Trump que buscaba modificar las reglas de votación por correo y crear mecanismos federales para determinar quién podía utilizar ese sistema.
La jueza federal Indira Talwani volvió a bloquear en agosto disposiciones de esa orden y sostuvo que el Ejecutivo carece de autoridad constitucional para imponer reglas electorales de alcance nacional. El gobierno de Trump solicitó a la Suprema Corte intervenir en el caso.
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