La administración de Donald Trump prepara un despliegue de aproximadamente 1,000 observadores electorales del Departamento de Justicia (DOJ) para las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una operación que busca supervisar el cumplimiento de las leyes federales de votación en distintos puntos del país.
La cifra fue revelada por Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta y responsable de la División de Derechos Civiles del DOJ, durante una entrevista con Bloomberg. La funcionaria afirmó que el departamento ya envió observadores durante las elecciones primarias y que ahora ampliará considerablemente el operativo.
“Desplegaremos aproximadamente mil observadores electorales en las elecciones de noviembre”, dijo Dhillon, quien sostuvo que se trata de una función habitual del Departamento de Justicia.
De acuerdo con la información difundida por el medio citado, el DOJ todavía no define públicamente todas las jurisdicciones donde estarán los observadores. Entre los factores que analiza están posibles problemas de acceso para personas con discapacidad, barreras lingüísticas y lugares donde el gobierno considere que existe riesgo de fraude electoral.
Los observadores federales no administran las elecciones ni tienen facultades para decidir quién puede votar. Su función consiste principalmente en observar los procedimientos y evaluar el cumplimiento de las leyes federales.
La disputa por los padrones electorales
El anuncio ocurre mientras el gobierno de Trump mantiene una batalla judicial para obtener padrones electorales estatales sin censurar, incluidos datos personales de los votantes.
La ofensiva se ha encontrado con numerosos obstáculos en tribunales federales. Un registro del Civil Rights Litigation Clearinghouse documenta múltiples demandas relacionadas con las solicitudes del DOJ, mientras que decisiones judiciales han cuestionado el uso del Título III de la Ley de Derechos Civiles de 1960 para exigir determinados registros.
El propio Departamento de Justicia sostiene que tiene autoridad para acceder a esa información y mantiene litigios en distintas cortes. En su página oficial, la División de Derechos Civiles señala que continúa apelando casos relacionados con los padrones electorales, incluido el litigio contra Michigan.
Dhillon incluso planteó que la disputa podría llegar a la Corte Suprema: “Es posible que nuestro próximo paso sea la Corte Suprema”.
La funcionaria también aseguró que en los estados que han cooperado existen cientos de miles de personas fallecidas y decenas de miles de personas que no son ciudadanas dentro de los padrones. Sin embargo, durante la entrevista no identificó los estados ni presentó evidencia que respaldara esas cifras, y reconoció que el DOJ todavía debe verificar si alguna de esas personas votó ilegalmente.
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