El Parlamento iraní aprobó recientemente las líneas generales de un proyecto de ley que impone nuevas restricciones a los contactos con instituciones, medios de comunicación y organizaciones extranjeras para combatir lo que describen como “influencia extranjera”. Sin embargo, el texto debe ser aún ratificado por el Consejo de Guardianes, integrado por 12 miembros, antes de convertirse en ley.
Irán, un agujero negro informativo
Sina Yousefi, abogado y experto jurídico iraní radicado en Alemania, afirma a DW que “cuando un ciudadano desconoce que hablar con medios extranjeros, colaborar con una universidad de otro país o compartir información podría considerarse posteriormente un acto delictivo, la ley genera un clima de miedo e inseguridad”.
Irán ya cuenta con uno de los entornos mediáticos más represivos del mundo, ocupando el puesto 177 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
RSF califica el acceso a la información dentro del país de “gravemente restringido”, con periodistas que trabajan bajo fuego cruzado y enfrentan, al mismo tiempo, presiones de las instituciones estatales.
Según Parviz Yari, periodista radicado en Alemania e investigador principal de Defending Free Flow of Information (DeFFI), “la República Islámica ha empleado una amplia gama de herramientas y métodos para obstaculizar el libre flujo de información y limitar la libertad de expresión. Sin embargo, la expansión de las redes sociales y las actividades de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos fuera de Irán han reducido el impacto de las narrativas oficiales en la opinión pública”.
Criminalización de la labor informativa
Yari señala que el proyecto de ley también podría dificultar que los medios independientes y las organizaciones internacionales accedan a información desde el interior de Irán.
Parte del proyecto de ley contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión por conceder entrevistas o dialogar con medios “considerados hostiles a la República”, según informó la agencia de noticias Reuters.
“De aprobarse finalmente, el proyecto criminalizaría un abanico sin precedentes de contactos con medios de la oposición y organizaciones internacionales, con el claro objetivo de obstaculizar la labor profesional de periodistas e investigadores, endurecer el monopolio estatal de la información y amplificar las narrativas oficiales”, explica Yari.
Restricciones, investigación académica y sociedad civil
Una de las disposiciones más significativas del proyecto de ley se refiere a la cooperación científica y académica con entidades extranjeras. El artículo 5 exige que el Ministerio de Inteligencia publique una lista anual de universidades e instituciones extranjeras autorizadas para la cooperación científica y de investigación. La colaboración con instituciones que no figuren en dicha lista estaría prohibida y acarrearía penas y sanciones, incluidas la cárcel.
El abogado Yousefi advierte que “el resultado sería una restricción para las universidades, la sociedad civil, el flujo de información y la interacción científica de Irán con el mundo. Ya no se trata simplemente de una política contra el espionaje, sino de una injerencia de los organismos de seguridad en ámbitos que deberían poder operar de manera independiente”.
El régimen refuerza su control
Moein Khazaeli, jurista iraní radicado en Suecia, alerta sobre el proyecto de ley, que podría convertirse en “otra herramienta para reprimir a opositores políticos y activistas de derechos humanos”. Se podrían criminalizar conductas cotidianas que, en la mayoría de los países, no se considerarían ilegales.
“Actos tipificados como delitos en el 99 por ciento de las disposiciones de este proyecto de ley, no son delitos en realidad, ni siquiera justifican un procesamiento penal”, afirma.
“Una infracción común, como un insulto o una pelea callejera, podría llegar a considerarse dirigida o influenciada por actores extranjeros, lo que conllevaría una condena más severa”, explica Khazaeli.
Yousefi, por su parte, considera que el proyecto de ley no busca tanto hacer frente a una amenaza concreta, sino más bien compensar las deficiencias de seguridad del gobierno mediante la restricción e intimidación de las libertades ciudadanas.
Según el experto, “si los organismos de seguridad no han logrado evitar una influencia extranjera real, no pueden compensar ese fracaso ampliando la responsabilidad penal y sometiendo los contactos de los ciudadanos con el exterior a supervisión y autorización de seguridad”.
Y añade que “la lucha contra el espionaje debe centrarse en conductas delictivas específicas, y no tratar los vínculos académicos, mediáticos, culturales o de la sociedad civil con el exterior como algo intrínsecamente sospechoso”.