La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, defendió este miércoles la independencia del tribunal con sede en La Haya y aseguró que las nuevas sanciones de Estados Unidos no modificarán su trabajo, después de que Washington incluyera a la magistrada japonesa entre los funcionarios afectados.
“No somos una institución enemiga de ningún país o régimen; somos un tribunal cuya función es procesar y juzgar a los responsables de los crímenes más graves del mundo”, afirmó Akane durante una rueda de prensa virtual con medios japoneses. La magistrada rechazó las acusaciones de la administración del presidente Donald Trump, que ha señalado a la CPI de actuar de manera política y corrupta y de utilizar el derecho internacional para afectar la soberanía de los países.
Akane sostuvo que el tribunal trabaja de manera “neutral e imparcial” y únicamente interviene cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI.
Akane pide a Japón defender a la Corte ante Washington
Las sanciones estadounidenses contra Akane y otros jueces de la CPI congelan activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y pueden limitar su acceso al sistema financiero y su entrada al país. La medida ocurre en medio de las tensiones de Washington con el tribunal por investigaciones relacionadas con presuntos crímenes internacionales.
La presidenta de la CPI consideró que las acciones estadounidenses no deben interpretarse como una confrontación personal con el gobierno de Trump, sino como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier presión externa. “Las sanciones contra la CPI no son un problema exclusivo de la Corte, sino una crisis del propio Estado de derecho”, advirtió.
Akane también pidió al gobierno de Japón mantener su respaldo al tribunal y utilizar su estrecha relación con Estados Unidos para promover un diálogo que evite una mayor escalada. Japón fue el principal contribuyente financiero de la CPI durante 2025.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró que su gobierno trabaja con Washington y otros países para defender el respeto a la ley internacional. La presión sobre Akane también procede de Rusia. Moscú mantiene una orden de detención contra la magistrada y un tribunal ruso la condenó en rebeldía por haber participado en la sala que emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos.
Akane reconoció que las amenazas le han obligado a dedicar tiempo a su seguridad personal, pero aseguró que no cambiará su actuación judicial. “La CPI no se rendirá jamás. La justicia prevalecerá, y debe prevalecer, sobre aquello que se le opone”, concluyó.
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