Un juez militar de Estados Unidos invalidó la confesión que Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, entregó a agentes del FBI hace casi 20 años, al considerar que sus declaraciones no fueron obtenidas de manera voluntaria.
CBS News reveló que la decisión emitida el viernes por la noche por el teniente coronel Michael Schrama representa un nuevo obstáculo para el proceso judicial contra Mohammed y otros acusados, quienes permanecen detenidos en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Un interrogatorio bajo cuestionamientos
De acuerdo con la orden judicial, Schrama determinó que las declaraciones realizadas por Mohammed durante cuatro días de interrogatorios en enero de 2007 no podían ser utilizadas como evidencia.
El juez tomó en cuenta el trato que Mohammed recibió años antes mientras estuvo bajo custodia de la CIA, donde fue sometido al ahogamiento simulado y otras técnicas de interrogatorio consideradas tortura.
Según el fallo, esas experiencias le generaron temor de sufrir nuevamente un trato severo si no colaboraba con los interrogadores. Además, el juez señaló que Mohammed no recibió las advertencias de Miranda, que establecen el derecho a permanecer en silencio, ni tuvo acceso a un abogado.
La decisión podría tener consecuencias importantes para el caso, cuyo juicio fue programado para junio de 2028.
El FBI defiende las declaraciones
Frank Pellegrino, agente retirado del FBI que entrevistó a Mohammed en 2007, defendió ante CBS News la forma en que obtuvo sus declaraciones.
“No podría haberle dicho de manera más explícita que no tenía por qué hablar conmigo”, afirmó Pellegrino, quien sostuvo que Mohammed confesó voluntariamente su participación en los ataques.
Sin embargo, el propio exagente reconoció que corresponde a los tribunales determinar si esas circunstancias cumplen con los requisitos legales.
El fiscal del caso, el contralmirante Aaron C. Rugh, dijo a The New York Times que el gobierno decidirá próximamente si apela el fallo.
Mohammed enfrenta cargos relacionados con la planeación de los atentados que dejaron miles de víctimas en Estados Unidos. De ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte, aunque los acuerdos alcanzados con la fiscalía en 2024 buscaban evitar esa posibilidad. Posteriormente, esos acuerdos fueron anulados tras una disputa legal.
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