La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que la administración del presidente Donald Trump continúe la construcción del polémico salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto valuado en unos $400 millones de dólares que transformó el histórico complejo presidencial y abrió una disputa sobre los límites del poder del Ejecutivo para modificar propiedades federales sin autorización del Congreso.
En una decisión de 5 votos contra 4, los magistrados suspendieron una orden de tribunales inferiores que habría obligado al gobierno a detener gran parte de las obras sobre la superficie mientras avanzaba una demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation.
El fallo representó una victoria para Trump, pero no resolvió una cuestión central: si el presidente tenía autoridad legal para ordenar una transformación de esa magnitud en la Casa Blanca sin obtener primero la aprobación expresa del Congreso.
La mayoría centró su decisión en otro punto. Consideró que la organización dedicada a la preservación histórica probablemente no tenía legitimación procesal para llevar el caso ante un tribunal federal.
La Corte explicó que una integrante del National Trust había alegado daños a sus “intereses estéticos, culturales e históricos” debido al tamaño, altura y diseño del nuevo edificio. Sin embargo, los cinco magistrados que respaldaron la suspensión concluyeron que esas razones no demostraban un perjuicio personal suficientemente concreto.
“Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que la mera ofensa, el desacuerdo o el disgusto no constituyen un daño concreto y particularizado”, señaló la Corte Suprema.
El National Trust for Historic Preservation había demandado a la administración después de la demolición del Ala Este. La organización argumentó que el presidente no tenía facultades para ejecutar unilateralmente una modificación de esa escala.
Sin embargo, el fallo de este lunes no respondió directamente a ese argumento. La mayoría decidió que, antes de discutir si la construcción era legal, debía existir un demandante que demostrara haber sufrido un perjuicio concreto que le permitiera acudir a los tribunales federales.
Por ello, la resolución no equivale a una aprobación definitiva de la autoridad de Trump para modificar la Casa Blanca. En términos prácticos, sin embargo, eliminó por ahora el principal obstáculo judicial que amenazaba con detener la construcción.
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