El 2 de septiembre de 2025, altos mandos militares observaron una lancha rápida surcando las aguas del mar Caribe.
Un avión sobrevolaba la zona transmitiendo en directo imágenes de la embarcación y de los 11 hombres a bordo. En la madrugada, el almirante Frank Bradley consultó con su principal asesora legal, la coronel Cara Hamaguchi. Acto seguido, ordenó a los operadores del Equipo SEAL 6 que atacaran la lancha.
Tras la explosión, dos supervivientes lograron subirse a un fragmento del casco volcado, a la deriva con la corriente durante unos 45 minutos.
Bradley, entonces jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y ahora jefe de cuatro estrellas del Comando de Operaciones Especiales, volvió a consultar a Hamaguchi en busca de instrucciones.
Poco después, un segundo misil impactó contra ellos, acabando con la vida de los supervivientes. Otros dos misiles impactaron en rápida sucesión, hundiendo los restos de la embarcación.
Ese ataque dio inicio a una campaña de ataques que no ha cesado hasta la fecha.
“Ha sido un año de asesinatos”, declaró un funcionario de defensa al sitio The Intercept, horrorizado por el primer ataque y aún consternado por los numerosos ataques estadounidenses contra los llamados “barcos de narcotraficantes” durante el último año.
En total, Estados Unidos ha llevado a cabo más de 65 ataques, que han causado la muerte de más de 225 civiles en el Mar Caribe y el Océano Pacífico durante el último año. El ataque más reciente, ocurrido en el Caribe el 25 de agosto, dejó cuatro muertos.
Expertos en derecho bélico, así como miembros del Congreso de ambos partidos, afirman que los ataques son ejecuciones extrajudiciales ilegales, ya que se asesina deliberadamente a personas al margen de la ley.
Los ataques también podrían constituir crímenes de lesa humanidad, violando los derechos fundamentales a la vida y al debido proceso. “No existe justificación legal plausible para los ataques. Obviamente no se producen en el contexto de un conflicto armado y, fuera de este, el término para un asesinato premeditado es homicidio”, declaró a The Intercept Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en contraterrorismo y derecho internacional humanitario.
El Comando Sur de Estados Unidos rechazó la acusación. “Cada operación se planifica y ejecuta dentro de los límites de nuestro marco legal”, declaró el portavoz Steven McLoud, “garantizando que cada objetivo cumpla con los criterios legales establecidos por nuestra Oficina de Asesoría Legal”.
The Intercept fue de los primeros en informar sobre los ataques del 2 de septiembre, a los pocos días del atentado.
Meses después, las investigaciones posteriores del Washington Post y otros medios desataron una gran polémica que obligó al Pentágono a admitir que los supervivientes murieron durante el naufragio y a proporcionar a los miembros del Congreso información adicional y acceso a imágenes clasificadas del ataque.
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