La artista Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, enfrentan un complejo caso judicial tras ser demandadas por fraude de valores ante un tribunal federal de Delaware.
Las firmas inversoras Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC sostienen que fueron engañadas para desembolsar más de 1,2 millones de dólares en Wondermind, la plataforma de bienestar mental que ambas cofundaron en el año 2022.
Según la demanda, Gomez, Teefey y su exsocia Daniella Pierson presentaron una proyección completamente ficticia sobre la situación de la compañía, prometiendo una infraestructura sólida y un liderazgo capacitado para transformar el sector. Sin embargo, los demandantes afirman que la plataforma colapsó en silencio durante tres años, mientras la directiva ocultaba el continuo deterioro financiero a los financiadores.
El documento legal señala de manera directa a la cantante, de 34 años, por presuntamente incumplir la obligación contractual de promocionar la plataforma mediante sus redes sociales, apariciones en televisión y campañas publicitarias. “Las alianzas no existían. Las iniciativas nunca se concretaron. La aplicación nunca fue desarrollada”, precisa de la demanda judicial.
Los fondos perjudicados aseguran que conocieron la crisis en septiembre de 2025, a raíz de una investigación de la revista The Cut que reveló el caos financiero y operativo interno. Dicha publicación también difundió acusaciones sobre un presunto consumo de sustancias en la oficina por parte de Teefey, de 50 años; señalamientos que la madre de la artista desmintió rotundamente, calificándolos como declaraciones falsas de excolaboradores descontentos.
El escrito atribuye además el fracaso de la empresa a disputas personales no reveladas entre Gomez y su madre, lo que provocó el paulatino alejamiento de la intérprete del proyecto. Asimismo, se acusa a la empresa de manipular a los inversores utilizando nombres de figuras públicas como Camila Cabello, Elton John o Tim Cook para proyectar un respaldo que jamás existió.
La fragilidad de Wondermind ya era evidente cuando en mayo de 2025 despidió al 60% de su plantilla y acumuló importantes deudas con proveedores. Tras el colapso definitivo, los demandantes exigen la restitución total de la inversión, indemnizaciones por daños y perjuicios y la resolución del caso mediante un juicio por jurado.
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