Un ciudadano chino se declaró culpable en un tribunal federal de Utah de intentar adquirir equipo militar estadounidense para enviarlo a China mediante una operación que contemplaba utilizar México como ruta de contrabando, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).
Dingwei Chen, de 29 años, asumió su responsabilidad ante el juez federal David Sam en Salt Lake City por violar la Ley de Control de Exportación de Armas. El magistrado aceptó la declaración de culpabilidad y estableció el 19 de octubre como fecha para dictar sentencia. Chen enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
El caso involucra módems y radios satelitales de grado militar fabricados por compañías estadounidenses para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De acuerdo con los fiscales, este tipo de equipo no puede exportarse legalmente sin una licencia de la Dirección de Controles del Comercio de Defensa del Departamento de Estado, que generalmente no autoriza la venta de bienes y servicios militares estadounidenses a China.
La operación contemplaba utilizar México como ruta
Según los documentos judiciales, Chen trabajó con personas ubicadas en China para tratar de conseguir los sistemas de comunicación mediante traficantes extranjeros en el mercado negro. El grupo analizó diferentes alternativas para sacar el equipo de Estados Unidos. Inicialmente contemplaron enviar las mercancías a través de Suiza y posteriormente evaluaron recogerlas en Saipán, en las Islas Marianas.
Finalmente, decidieron utilizar México como vía para introducir el equipo en territorio chino. Los investigadores señalaron que Chen y sus cómplices realizaron un pago inicial superior a $40,000 y después recurrieron a criptomonedas.
Los documentos indican que se pagaron aproximadamente $30,000 en USDT relacionados con la compra de 10 módems. Para mantener sus comunicaciones fuera del alcance de las autoridades, el grupo utilizó una aplicación cifrada. Chen habría señalado además que la operación representaba únicamente una primera compra y que contaba con recursos para adquirir equipo militar adicional por decenas de millones de dólares.
John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, afirmó que el caso demuestra los riesgos de que tecnología militar estadounidense sensible sea desviada hacia China. Spiros Karabinas, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), destacó que la declaración de culpabilidad refleja las consecuencias de intentar adquirir o transferir ilegalmente tecnología militar estadounidense.
La investigación fue realizada conjuntamente por HSI y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS), mientras que el caso es procesado por la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
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