El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó este jueves su rechazo a las nuevas restricciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para corresponsales extranjeros, al considerar que representan un retroceso para la libertad de prensa y podrían dificultar la cobertura periodística internacional desde Estados Unidos.
La organización advirtió que las modificaciones al programa de visas para representantes de medios de comunicación extranjeros rompen con una política vigente durante décadas, bajo la cual los periodistas podían desarrollar su labor sin que su estatus migratorio estuviera sujeto a revisiones periódicas relacionadas con su permanencia en el país.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva regulación establece un límite máximo de permanencia de 240 días para los titulares de la visa I, utilizada por periodistas extranjeros acreditados, mientras que para ciudadanos chinos el periodo se reduciría a 90 días. La norma también contempla mayores requisitos para renovaciones y revisiones migratorias.
El CPJ sostuvo que estas medidas podrían afectar a miles de corresponsales internacionales y a sus familias, además de generar incertidumbre entre los medios extranjeros que mantienen cobertura permanente en Estados Unidos.
Organizaciones alertan sobre impacto en la libertad de prensa
José Zamora, director del CPJ para las Américas, afirmó que la decisión representa una nueva escalada dentro de una serie de acciones que, según la organización, han incrementado la presión sobre el ejercicio periodístico durante la actual administración. El organismo también pidió al Congreso garantizar que las decisiones relacionadas con la emisión o renovación de visas no estén vinculadas al contenido de las coberturas informativas y solicitó al gobierno federal reconsiderar la política antes de su entrada en vigor.
Según la versión preliminar de la regulación, publicada por el DHS, los cambios formarían parte de una reforma más amplia que también modifica las condiciones migratorias para estudiantes internacionales y participantes en programas de intercambio cultural, quienes utilizan las visas F y J. La normativa entraría en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal, aunque todavía podría estar sujeta a revisiones legislativas.
Crece la preocupación por acciones contra periodistas
Las nuevas restricciones migratorias se suman a otras decisiones recientes de la administración Trump que han generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Durante las últimas semanas, el Departamento de Justicia emitió citaciones judiciales contra periodistas en investigaciones relacionadas con filtraciones de información clasificada.
Diversos grupos de defensa de la prensa consideran que este tipo de medidas puede tener un efecto inhibidor sobre las fuentes informativas y dificultar la publicación de reportajes de interés público.
La administración ha defendido estas acciones argumentando que las investigaciones buscan identificar a funcionarios responsables de divulgar información confidencial y no perseguir directamente a los periodistas. Sin embargo, especialistas en la Primera Enmienda sostienen que recurrir con mayor frecuencia a citaciones judiciales y endurecer las condiciones migratorias para corresponsales extranjeros podría desalentar la cobertura independiente sobre asuntos gubernamentales y limitar el flujo de información hacia el público.
Mientras continúan las reacciones, organizaciones nacionales e internacionales mantienen el llamado para reforzar las protecciones legales a la prensa y preservar las garantías constitucionales que permiten el ejercicio del periodismo en Estados Unidos.
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