Dos jueces federales bloquearon, a solo un día de su entrada en vigor, una regulación impulsada por la administración del presidente Donald Trump que buscaba limitar el acceso al Programa de Condonación de Préstamos para el Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés), una decisión que representa un importante revés para la estrategia del gobierno de reformar el sistema federal de ayuda estudiantil.
Los fallos fueron emitidos por los jueces Myong Joun, del Tribunal Federal de Distrito en Massachusetts, y Amir H. Ali, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia. Ambos concluyeron que el Departamento de Educación excedió la autoridad otorgada por el Congreso al modificar los criterios de elegibilidad del programa y, en el caso de Joun, que la norma también vulnera las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución.
La regulación, publicada en octubre de 2025, establecía que las organizaciones con un “propósito ilegal sustancial” dejarían de ser elegibles para participar en el PSLF, un beneficio que permite cancelar los préstamos estudiantiles federales después de diez años de servicio en dependencias gubernamentales o entidades sin fines de lucro calificadas. Más de un millón de estadounidenses han recibido ese alivio financiero desde que el Congreso creó el programa en 2007.
Los jueces cuestionan la autoridad del Departamento de Educación
La administración Trump defendió la medida al argumentar que el dinero de los contribuyentes no debía beneficiar indirectamente a organizaciones involucradas en actividades como terrorismo, inmigración ilegal, tráfico de personas o procedimientos médicos que el gobierno considera contrarios a sus políticas. Sin embargo, los demandantes, una coalición integrada por más de 20 estados, el Distrito de Columbia y diversas organizaciones sin fines de lucro, sostuvieron que la norma utilizaba definiciones demasiado amplias que permitirían excluir a entidades dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes, programas de diversidad o atención médica para personas transgénero.
En su resolución, Joun concluyó que el Congreso nunca autorizó al Departamento de Educación a redefinir qué constituye un empleo de servicio público ni a descalificar empleadores con base en criterios políticos. El juez también señaló que la regulación podía desalentar la libertad de expresión de organizaciones sin fines de lucro al amenazarlas con perder el acceso al programa.
La decisión también refleja el nuevo panorama jurídico tras la eliminación de la doctrina Chevron por parte de la Corte Suprema en 2024, lo que obliga a los tribunales a interpretar directamente el alcance de las facultades otorgadas por el Congreso a las agencias federales.
Cambios al sistema de préstamos siguen adelante
Aunque las restricciones al PSLF quedaron suspendidas, este 1 de julio comenzaron a aplicarse otras reformas impulsadas por la administración Trump como parte de la denominada “Ley One Big Beautiful Bill”, que modifica de manera significativa el sistema federal de préstamos estudiantiles. Entre los cambios destacan nuevos límites a los montos que podrán solicitar estudiantes de posgrado y padres mediante el programa Parent PLUS, la eliminación gradual de los préstamos Graduate PLUS para nuevos prestatarios y un tope de endeudamiento de por vida para la mayoría de los beneficiarios.
La legislación también reduce las opciones de pago disponibles para quienes obtengan nuevos préstamos federales, introduce el nuevo Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP) y pone en marcha la desaparición gradual del plan SAVE, implementado durante la administración de Joe Biden. Además, endurece algunos requisitos para acceder a las Becas Pell, aunque amplía el beneficio para determinados programas de capacitación laboral de corta duración.
Mientras el Departamento de Educación analiza los siguientes pasos tras los fallos judiciales, las decisiones de los tribunales mantienen sin cambios el funcionamiento del programa de condonación para trabajadores del servicio público y representan uno de los principales obstáculos legales que enfrenta la administración Trump en su intento por redefinir la política federal de préstamos estudiantiles.
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