Christopher A. Bravo Marín, mexicano de 46 años y residente de Minneapolis, fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y acusado en Estados Unidos de conspirar para lavar al menos 750,000 dólares provenientes del narcotráfico en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la acusación federal, un gran jurado del Distrito de Minnesota presentó cargos contra Bravo Marín el pasado 20 de agosto. El hombre fue detenido el 24 de agosto y posteriormente compareció ante un juez federal en Minneapolis.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, Bravo Marín trabajaba para una empresa de transferencia de dinero con sede en Minnesota y habría utilizado su posición y conocimiento de los controles internos de la compañía para facilitar el movimiento de recursos ilícitos.
La acusación sostiene que, entre febrero de 2023 y febrero de 2026, habría colaborado con integrantes de una célula del CJNG dedicada a la distribución de drogas en Minnesota. Presuntamente, el dinero obtenido de esas actividades era enviado mediante transferencias hacia integrantes del grupo criminal en México.
Según los fiscales, Bravo Marín conocía las políticas de cumplimiento de la empresa y habría aprovechado ese conocimiento para evadir los mecanismos destinados a detectar operaciones sospechosas. Por cada transferencia que presuntamente procesaba, habría recibido pagos de entre 40 y 50 dólares.
Transferencias fraccionadas
Uno de los mecanismos descritos en la acusación consistía presuntamente en dividir las cantidades de dinero en múltiples operaciones de menor monto.
Las autoridades sostienen que algunas transferencias se mantenían por debajo de los mil dólares, umbral que, de acuerdo con la acusación, implicaba requisitos de identificación de clientes dentro de la empresa. De esta manera, el acusado habría buscado dificultar la detección del origen de los recursos.
La investigación también apunta a que los recursos eran trasladados desde Minnesota hacia México para beneficiar a integrantes y líderes del CJNG.
Bravo Marín enfrenta un cargo federal por conspiración para cometer lavado de dinero, delito que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que los facilitadores financieros cumplen un papel importante para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, al permitir que los ingresos obtenidos de actividades ilícitas sean transferidos y ocultados.
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