Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión a Celso Navarro Díaz, ciudadano colombiano señalado de liderar una organización dedicada al tráfico internacional de drogas mediante embarcaciones.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Navarro Díaz dirigía desde Colombia una estructura que movilizaba cargamentos de cocaína y marihuana desde la costa del Pacífico colombiano hacia Costa Rica, para posteriormente intentar introducirlos en Estados Unidos.
Durante un juicio que se extendió por cinco días, los fiscales presentaron pruebas que vincularon a Navarro Díaz con una red dedicada al traslado marítimo de estupefacientes.
En enero de este año, un jurado federal lo declaró culpable de conspirar para traficar más de cinco kilogramos de cocaína en embarcaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense, además de conspirar para importar esa misma cantidad de droga a Estados Unidos.
Las investigaciones establecieron que las autoridades de Colombia, Panamá y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron cuatro embarcaciones relacionadas con las operaciones de la organización durante un periodo de aproximadamente dos años.
Según los investigadores, el acusado también utilizaba lenguaje codificado para comunicarse sobre los movimientos de la droga y posteriormente sobre los decomisos realizados por las autoridades.
Antecedentes y extradición
Esta no era la primera vez que Navarro Díaz enfrentaba a la justicia estadounidense. En 2010 se había declarado culpable ante un tribunal federal del Distrito de Columbia por conspiración para importar cocaína.
La investigación que terminó con su nueva condena involucró al FBI, la DEA, la Guardia Costera estadounidense, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Policía Nacional de Colombia.
La cooperación entre las autoridades permitió avanzar en su captura y posterior extradición. Navarro Díaz fue trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2024 para responder por los nuevos cargos.
La sentencia fue anunciada por el fiscal federal del Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, y fue impuesta por la jueza federal Virginia M. Hernández Covington.
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