Una coalición de 23 estados presentó este jueves una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para bloquear las nuevas condiciones impuestas a las subvenciones federales del Título X, al considerar que podrían dejar sin recursos a estados y proveedores de servicios de planificación familiar que no se ajusten a las prioridades políticas del gobierno.
La querella fue presentada ante un tribunal federal de Maryland por fiscales generales demócratas de California, Nueva York, Maryland, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin. También se sumaron los gobernadores Andy Beshear, de Kentucky, y Josh Shapiro, de Pensilvania.
Los demandantes sostienen que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estableció condiciones ilegales para el próximo ciclo de subvenciones de cinco años y amenaza con retirar los fondos a los beneficiarios que no modifiquen sus programas para cumplir con las nuevas prioridades.
Estados cuestionan nuevas condiciones del Título X
El Título X es el principal programa federal dedicado específicamente a financiar servicios de planificación familiar para personas de bajos ingresos. Sus recursos permiten ofrecer anticonceptivos gratuitos o subsidiados, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, servicios relacionados con la infertilidad y detecciones de cáncer, entre otras atenciones de salud sexual y reproductiva no relacionadas con el aborto.
La nueva convocatoria del HHS, publicada en abril, establece por primera vez un conjunto amplio de prioridades políticas que los solicitantes deberán considerar para recibir o conservar los recursos federales.
Entre ellas se encuentran la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión; el impulso de la abstinencia y la “planificación familiar natural” frente al uso de anticonceptivos; el reconocimiento de que hombre y mujer son los únicos dos géneros y la orientación de los pacientes sobre matrimonio y paternidad. Los estados argumentan que estas disposiciones interfieren con los requisitos legales del Título X y fueron establecidas sin cumplir con el proceso de notificación y comentarios públicos contemplado por la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Con los fondos federales del Título X en peligro… los estados demandantes se verán obligados a buscar desesperadamente la manera de cubrir el déficit de financiación con sus propios recursos para preservar estos servicios esenciales”, señala la demanda. El fiscal general de California, Rob Bonta, acusó al gobierno de intentar convertir el programa en una herramienta política.
“El Título X busca hacer accesibles la planificación familiar y la atención reproductiva para todos; sin embargo, el presidente Trump intenta utilizar condiciones de sesgo ideológico para desmantelar esta red de seguridad, históricamente bipartidista, y convertirla en un arma política”, afirmó Bonta. La disputa llega mientras los beneficiarios actuales se encuentran en el último año de un ciclo de financiación de cinco años aprobado durante la administración de Joe Biden.
Los estados también recuerdan que restricciones similares adoptadas durante el primer gobierno de Trump provocaron que cerca de una cuarta parte de los beneficiarios nacionales abandonaran el programa. En ese periodo, el número de pacientes atendidos por el Título X cayó más de 60% en apenas dos años.
La batalla legal no es aislada. Dos organizaciones sin fines de lucro ya presentaron una demanda contra los cambios en Pensilvania, mientras que Planned Parenthood interpuso otra acción judicial en julio ante un tribunal federal de Washington, D.C.
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